Consulta pública sobre derechos de audiencias
El Gobierno federal, a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, abrió a consulta pública el anteproyecto de Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, un documento que obligaría a concesionarios de radio y televisión a registrar y difundir códigos de ética, contar con defensores de audiencias y atender quejas de radioescuchas y televidentes.
La consulta fue presentada como un mecanismo para ordenar la protección de audiencias en medios electrónicos, pero también reactivó alertas sobre posibles sanciones, límites editoriales y riesgos de intervención del Estado en contenidos informativos.
Códigos de ética y defensores
El anteproyecto contempla que los medios cuenten con un Código de Ética y con una Defensoría de las Audiencias, encargada de recibir inconformidades cuando una persona considere que sus derechos fueron vulnerados. La Comisión señaló que estas figuras buscan garantizar derechos de información, expresión, réplica y acceso a contenidos diferenciados.
La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión también contempla que los códigos de ética se ajusten a lineamientos emitidos por la Comisión, y que existan obligaciones mínimas para las defensorías de audiencias.
Multas y sanciones en debate
El punto más sensible está en las consecuencias para medios que incumplan obligaciones. La ley mantiene un régimen de sanciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, sin perjuicio de responsabilidades civiles o penales cuando procedan.
Para defensores de la regulación, las reglas pueden fortalecer a las audiencias frente a abusos, desinformación, discriminación o falta de rectificación. Para críticos, el riesgo es que el gobierno use conceptos amplios como ética, derechos de audiencia o derecho de réplica para presionar a medios incómodos.
Libertad de expresión bajo vigilancia
La discusión no es nueva. México ya había tenido debates similares cuando el antiguo IFT emitió lineamientos sobre derechos de audiencias, criticados por algunos concesionarios y organizaciones por posibles efectos sobre la libertad editorial.
El reto será definir reglas claras sin convertirlas en herramientas de censura indirecta. Si el objetivo es proteger a las audiencias, el proceso deberá garantizar participación plural, criterios técnicos y límites precisos frente al poder político.
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