Reconocimiento de problemas internos
La Secretaría de Gobernación reconoció fallas en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y anunció el fin del contrato con la empresa RCU Sistemas, señalada en medio de quejas por operación, pagos pendientes y deficiencias en el servicio.
Durante la conferencia matutina del 21 de agosto, Rosa Icela Rodríguez fue cuestionada por la situación del mecanismo, incluidos adeudos a trabajadores y problemas que han ralentizado la capacidad de respuesta de la instancia.
Un mecanismo bajo presión
El Mecanismo opera desde la Secretaría de Gobernación y tiene como objetivo garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de periodistas y personas defensoras en situación de riesgo por su labor. La propia Segob establece que la protección depende de decisiones de la Junta de Gobierno y de medidas preventivas, de protección o urgentes.
Para 2026, la Dirección General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tuvo asignados más de 638 millones de pesos dentro del presupuesto de Gobernación.
Fallas que cuestan vidas
Las denuncias no son sólo administrativas. Organizaciones y periodistas han advertido que la precariedad, los retrasos y la falta de coordinación pueden dejar desprotegidas a personas amenazadas. En Oaxaca, la Defensoría estatal señaló omisiones de la Fiscalía local y del Mecanismo federal en el caso del periodista Alejandro Leyva Aguilar, asesinado después de haber denunciado amenazas.
El problema también involucra a gobiernos locales. La propia Segob ha reconocido en documentos previos que la protección no puede recaer sólo en la Federación y que los estados y municipios deben cumplir responsabilidades para prevenir agresiones.
Cuídense para que no los maten
El reconocimiento de fallas confirma lo que periodistas y defensores denuncian desde hace años: el mecanismo existe, pero no siempre llega a tiempo, no siempre protege bien y no siempre cuenta con operación suficiente.
Terminar un contrato puede ser un primer paso. Pero si no se corrigen retrasos, adeudos, falta de personal, coordinación deficiente y omisiones locales, el Estado seguirá pidiendo a periodistas que confíen en un sistema que muchas veces llega tarde.
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