Costa pide que la regulación no quede en manos de las empresas
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, planteó ante la Asamblea General de Naciones Unidas que la inteligencia artificial avance bajo reglas de transparencia, rendición de cuentas y seguridad, y sostuvo que su regulación no debería quedar exclusivamente en manos de las grandes compañías tecnológicas.
Su intervención representa la postura institucional de la Unión Europea y se inserta en un debate internacional donde existen enfoques distintos sobre el grado y la forma que debe adoptar la regulación.
La discusión ya pasó de los discursos a nuevos organismos
Naciones Unidas estableció un Diálogo Global sobre Gobernanza de la Inteligencia Artificial en el que pueden participar los Estados miembros y otros actores.
Su primera reunión se realizó en julio de 2026 en Ginebra y abordó, entre otros asuntos, seguridad, derechos humanos, acceso a la tecnología e interoperabilidad de normas.
Un panel científico busca separar evidencia de posiciones políticas
El sistema de la ONU incorporó además un Panel Científico Internacional Independiente sobre IA.
Su propósito es aportar evaluaciones basadas en evidencia sobre oportunidades, riesgos e impactos tecnológicos, mientras el diálogo político permanece en otro espacio.
El esquema deriva del Pacto para el Futuro y del Pacto Digital Global adoptados en 2024, por lo que no supone la creación de un regulador mundial con capacidad directa para imponer reglas a las empresas.
La dificultad será convertir principios en estándares compatibles
En julio, Naciones Unidas señaló que los países siguen aplicando mecanismos distintos para probar sistemas, medir riesgos y asignar responsabilidades.
El reto técnico no consiste sólo en acordar que la IA debe ser segura, sino en definir métodos compatibles de evaluación y supervisión sin que cada mercado termine utilizando requisitos completamente diferentes.
La intervención de Costa, por tanto, ocurre cuando la arquitectura internacional comienza a existir, aunque todavía está lejos de funcionar como un régimen regulatorio uniforme.
