Terminal sí tenía autorización para operar
Claudia Sheinbaum confirmó que la instalación de San José Iturbide, Guanajuato, donde fueron asegurados más de 59 millones de litros de combustible, contaba con los permisos correspondientes para almacenar hidrocarburos.
La aclaración modifica sustancialmente la narrativa inicial del operativo, presentado en septiembre como uno de los mayores aseguramientos relacionados con presunto huachicol en México.
La presidenta señaló que la empresa propietaria de las instalaciones se encuentra legalmente constituida y que la operación de almacenamiento estaba autorizada.
Irregularidad estaba en el transporte
Según Sheinbaum, las autoridades sí detectaron una irregularidad, pero ésta estaba relacionada con la documentación utilizada para transportar el combustible, no con la legalidad de la terminal o necesariamente con el origen de los 59 millones de litros almacenados.
La compañía posteriormente presentó o corrigió la documentación requerida, con lo que esa anomalía quedó subsanada.
Esto significa que el aseguramiento inicial no terminó acreditando que todo el combustible fuera producto de robo, contrabando o huachicol fiscal.
Operativo fue anunciado como golpe histórico
La FGR había informado originalmente del hallazgo el 17 de septiembre y presentó el volumen asegurado como un caso de enorme relevancia dentro del combate al mercado ilegal de hidrocarburos.
Posteriormente aparecieron dudas porque no hubo detenciones durante el cateo, la empresa afirmó contar con permisos y la propia Fiscalía comenzó a revisar nuevamente la documentación relacionada con el caso.
La situación incluso derivó en la destitución del entonces delegado de la FGR en Guanajuato por anomalías en el manejo del expediente.
Asegurar no significaba demostrar ilegalidad
El caso muestra la diferencia jurídica entre asegurar un producto mientras se revisa su documentación y demostrar que ese producto tiene origen ilícito.
La medida permitió a las autoridades mantener bajo control el combustible mientras investigaban su procedencia, pero no equivalía a una condena ni a una declaración definitiva de ilegalidad.
Ahora, la propia Presidencia reconoce que la terminal tenía permisos y que la irregularidad detectada fue corregida.
Un “megadecomiso” que cambió de dimensión
El expediente comenzó como la noticia de un supuesto golpe histórico contra el huachicol y terminó revelando un escenario mucho más complejo.
La aclaración no significa que toda la investigación esté cerrada ni elimina la posibilidad de otras irregularidades, pero sí desmonta una parte importante de la interpretación inicial: la existencia de 59 millones de litros en la terminal no era, por sí misma, evidencia de un gigantesco depósito clandestino.
La FGR deberá precisar ahora qué elementos del expediente permanecen abiertos y qué responsabilidades, si existen, todavía se investigan.
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