Agua y Drenaje enfrenta otra ruta para dejar el impuesto

El intento anterior quedó a dos votos

Una nueva iniciativa busca evitar que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey pague impuestos estatales y municipales, incluido el denominado impuesto verde, después de que un intento legislativo anterior no alcanzó la mayoría necesaria para superar las observaciones del Ejecutivo.

En la votación previa se reunieron 26 votos cuando eran necesarios 28.

Por tanto, aquella reforma no quedó vigente y la nueva propuesta debe entenderse como otro procedimiento legislativo, no como una exención ya conseguida.

La propuesta cambia el vehículo legal

El nuevo planteamiento pretende modificar directamente la ley que crea a Agua y Drenaje.

También propone que los ingresos del organismo sean destinados a infraestructura, mantenimiento, saneamiento y calidad del servicio.

Otro componente es un programa plurianual de inversión con un horizonte mínimo de cinco años, sujeto a actualización.

Mientras la iniciativa no complete el proceso legislativo correspondiente, esos cambios siguen siendo una propuesta y no una obligación vigente.

La ley actual ya contiene una exención

El artículo 12 de la legislación que crea Servicios de Agua y Drenaje establece actualmente que la institución está exenta del pago de impuestos y derechos estatales o municipales.

Ese texto introduce una cuestión jurídica relevante frente al cobro de gravámenes ambientales.

Sin una resolución específica sobre la relación entre ambas disposiciones, no sería correcto afirmar únicamente a partir del artículo 12 que el conflicto fiscal ya está resuelto.

La discusión financiera continúa abierta

Los promotores de la exención sostienen que los recursos deberían permanecer en el organismo para financiar infraestructura.

El Ejecutivo, al objetar la reforma anterior, argumentó que eliminar ingresos sin compensarlos podía producir un desequilibrio presupuestario. Ambas son posiciones de las partes involucradas.

La nueva propuesta intenta añadir un mecanismo de planeación mediante inversiones multianuales.

Su efecto financiero real sólo podrá evaluarse si la reforma es aprobada, entra en vigor y posteriormente puede comprobarse cuánto dinero permanece en Agua y Drenaje y a qué proyectos se destina.


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