La propuesta del dirigente priista
Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso que los cárteles del narcotráfico en México sean catalogados oficialmente como organizaciones terroristas. Según el dirigente, esta medida es urgente debido a la escalada de violencia, las desapariciones y los atentados contra la población civil en diversas regiones del país.
La propuesta busca reformar la legislación en materia de seguridad nacional y tipificar las acciones del crimen organizado como actos terroristas, lo que abriría la puerta a sanciones más severas y a una mayor intervención del Estado, incluso con colaboración internacional.
Argumentos políticos de la iniciativa
Moreno aseguró que los cárteles han sobrepasado los límites del crimen organizado tradicional, al actuar de manera equiparable a grupos terroristas por su capacidad de sembrar miedo, controlar territorios y desafiar directamente al Estado. Señaló que:
- La violencia contra la población civil ya no se limita a disputas entre grupos rivales.
- Los métodos empleados incluyen masacres, ataques con explosivos, asesinatos de autoridades locales y desapariciones forzadas.
- El impacto psicológico y social de la violencia es similar al causado por actos terroristas en otras partes del mundo.
Acusaciones contra Morena y el gobierno
En su discurso, Moreno también acusó al partido gobernante, Morena, de mantener un entramado de corrupción que facilita la expansión de los cárteles. Aseguró que existen complicidades institucionales y omisiones deliberadas que han permitido que el crimen organizado se fortalezca en los últimos años.
El dirigente priista responsabilizó al gobierno federal de no enfrentar con decisión a los grupos delictivos y de minimizar los riesgos que representan para la seguridad nacional. En sus palabras, Morena no solo ha sido tolerante, sino que “ha convivido” con las estructuras criminales.
Implicaciones legales de declarar terroristas a los cárteles
Si la propuesta se llevara a cabo, las consecuencias jurídicas serían profundas:
- Reclasificación de delitos: los actos de violencia de los cárteles pasarían a considerarse como terrorismo, con penas más elevadas y procedimientos judiciales especiales.
- Mayor intervención federal y militar: el Estado podría ampliar el uso de las fuerzas armadas en operaciones contra grupos calificados como terroristas.
- Colaboración internacional: la declaratoria abriría la puerta a cooperación directa con agencias extranjeras bajo el argumento de la lucha antiterrorista.
- Congelamiento de activos: se endurecerían las medidas de aseguramiento financiero contra personas y empresas vinculadas a estos grupos.
Riesgos y cuestionamientos
La iniciativa no está exenta de críticas y preocupaciones:
- Expertos en derecho penal señalan que la tipificación de terrorismo podría generar confusiones jurídicas entre lo que es delincuencia organizada y lo que constituye terrorismo.
- Organizaciones civiles advierten que esta medida podría justificar un aumento de la militarización del país y la restricción de derechos fundamentales.
- Otros analistas plantean que la declaratoria podría abrir espacio a la injerencia extranjera, especialmente de Estados Unidos, que ha promovido en ocasiones clasificar a cárteles mexicanos como terroristas para justificar operaciones transfronterizas.
Reacciones políticas
Mientras la oposición aplaudió la iniciativa como una forma de endurecer el combate contra el crimen organizado, desde Morena se calificó la propuesta como un recurso político de distracción. Legisladores oficialistas aseguraron que el planteamiento de Alito no resuelve los problemas estructurales de la violencia, y que más bien busca posicionarse mediáticamente en un escenario de alta competencia electoral.
Por su parte, especialistas en seguridad remarcaron que la etiqueta de terrorismo no necesariamente resuelve los retos operativos ni reduce la violencia, ya que los grupos seguirán disputando territorios mientras existan mercados ilegales rentables.
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