Comité acusa al Tribunal Electoral de violar la Constitución

Comité acusa al Tribunal Electoral de ignorar suspensiones judiciales en la elección de jueces, generando controversia.

En el marco de la reforma judicial en México, se ha desatado una controversia entre el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El Comité ha acusado al Tribunal Electoral de actuar fuera de la Constitución al ordenar la reanudación del proceso de selección de candidatos para jueces, magistrados y ministros, a pesar de las suspensiones dictadas por jueces federales.

Antecedentes de la reforma judicial

La reforma judicial, impulsada en 2024, busca transformar el sistema de justicia en México mediante la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Esta iniciativa ha generado debates y divisiones entre los distintos poderes del Estado y la sociedad en general. Uno de los puntos más polémicos es el proceso de selección de candidatos para los cargos judiciales, programado para culminar en una elección en junio de 2025.

Suspensión del proceso por parte del Comité de Evaluación

El 7 de enero de 2025, el Comité de Evaluación del PJF decidió suspender el proceso de selección de candidatos en cumplimiento de una medida cautelar emitida por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. Esta medida ordenaba detener el proceso debido a posibles violaciones a derechos fundamentales y a la Constitución. El Comité argumentó que, al ser una orden judicial, estaba obligado a acatarla para evitar incurrir en responsabilidades legales.

Intervención del Tribunal Electoral

El 22 de enero de 2025, la Sala Superior del TEPJF revocó los acuerdos del Comité de Evaluación que suspendían el proceso de selección. El Tribunal argumentó que, en materia electoral, no procede la suspensión de procesos, ya que la continuidad de los mismos es un mandato de orden público. Además, consideró que el juez de distrito que emitió la medida cautelar carecía de competencia para vincular al TEPJF y a sus integrantes al cumplimiento de dicha suspensión.

Respuesta del Comité de Evaluación

Ante la resolución del TEPJF, el Comité de Evaluación expresó su desacuerdo, señalando que el Tribunal Electoral estaba actuando fuera de sus atribuciones constitucionales. El Comité argumentó que la suspensión del proceso fue ordenada por una autoridad judicial competente y que desobedecer dicha orden podría derivar en responsabilidades legales para sus integrantes. Por ello, decidió no acatar la resolución del TEPJF y solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resolviera la controversia.

Reacciones y consecuencias

La negativa del Comité de Evaluación a reanudar el proceso de selección ha generado diversas reacciones. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la decisión del TEPJF y criticó la suspensión del proceso, enfatizando la importancia de cumplir con los plazos establecidos para la elección de los nuevos funcionarios judiciales.

Por otro lado, el TEPJF abrió un incidente de incumplimiento contra el Comité de Evaluación por no acatar su resolución. La magistrada presidenta del Tribunal, Mónica Soto, advirtió que podrían imponerse sanciones a los integrantes del Comité si no reanudan el proceso de selección.

Intervención de la Suprema Corte

Ante la solicitud del Comité de Evaluación, la SCJN decidió atraer el caso para resolver la controversia entre el Comité y el TEPJF. Esta decisión tiene como objetivo determinar los límites de las competencias de cada órgano en el contexto de la reforma judicial y garantizar que el proceso de selección de candidatos se lleve a cabo de manera constitucional.

Conclusión

La controversia entre el Comité de Evaluación y el TEPJF pone de manifiesto las tensiones existentes en el sistema judicial mexicano en el contexto de la reforma judicial. Este caso podría sentar un precedente importante sobre la relación entre los órganos de gobierno del Poder Judicial y el respeto a las decisiones judiciales. La resolución de la SCJN será clave para determinar el rumbo de la reforma y el equilibrio de poderes en México.

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