Anthropic convirtió millones de ejemplares en archivos
Documentos judiciales revelaron que Anthropic compró millones de libros impresos, retiró sus encuadernaciones, cortó las páginas y las escaneó para construir una biblioteca digital utilizada en el desarrollo de sus sistemas de inteligencia artificial.
El procedimiento formó parte de una estrategia conocida como Proyecto Panamá. Después de digitalizar los ejemplares, los originales en papel eran descartados.
El caso separó dos formas de conseguir textos
La empresa también había descargado más de siete millones de libros desde bibliotecas digitales piratas.
Un juez estadounidense estableció en 2025 una diferencia importante: consideró que utilizar libros para entrenar modelos podía constituir uso justo bajo la legislación estadounidense, pero mantuvo separado el problema de haber obtenido y almacenado copias piratas.
Ese conflicto terminó en un acuerdo por 1,500 millones de dólares con autores y titulares de derechos, aprobado definitivamente en julio de 2026.
México todavía no tiene una regla específica
Especialistas han advertido que una operación semejante podría intentar reproducirse en México porque todavía no existe una legislación específica que determine cómo deben utilizarse obras protegidas para entrenar modelos generativos.
Eso no significa que los libros carezcan de protección. La Ley Federal del Derecho de Autor continúa vigente y regula la reproducción y explotación de obras.
Lo que falta es una respuesta específica y probada judicialmente sobre cómo se aplica ese marco al entrenamiento masivo de inteligencia artificial.
El conflicto cultural está en quién autoriza el uso
Comprar un ejemplar físico permite poseer ese objeto, pero no transfiere automáticamente los derechos sobre la obra que contiene.
La inteligencia artificial volvió decisiva esa distinción porque un solo libro digitalizado puede incorporarse a procesos capaces de analizar millones de textos.
El Proyecto Panamá muestra que la disputa futura no será solamente tecnológica. Autores, editoriales y empresas deberán definir quién puede convertir una biblioteca en datos, bajo qué permiso y si entrenar un modelo constituye una explotación que requiere autorización o una transformación permitida por la ley.
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