Una sentencia histórica por corrupción y lavado de dinero
El 22 de mayo de 2025, una corte civil en Miami, Florida, emitió una sentencia histórica contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, y su esposa, Linda Cristina Pereyra. Ambos fueron condenados a pagar al gobierno mexicano un total de 2,488 millones de dólares, tras ser hallados responsables de desviar recursos públicos mediante contratos fraudulentos y operaciones de lavado de dinero durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Una red de contratos simulados y empresas fachada
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México presentó en 2021 una demanda civil acusando a García Luna y a su esposa de haber creado una red de empresas fachada para desviar fondos públicos. Entre 2009 y 2018, el exfuncionario y sus cómplices obtuvieron al menos 30 contratos con dependencias de seguridad pública mexicanas, mediante los cuales se desviaron más de 745 millones de dólares.
Estos recursos fueron transferidos al extranjero utilizando paraísos fiscales y estructuras financieras complejas con el objetivo de ocultar su origen ilícito. Parte de estos fondos se utilizó para adquirir bienes inmuebles y activos en el estado de Florida.
Detalles de la sentencia
La jueza Lisa Walsh dictaminó que García Luna deberá pagar 748 millones de dólares, mientras que su esposa enfrentará una multa de 1,740 millones. La sentencia se emitió en ausencia de los acusados, quienes no se presentaron al juicio ni respondieron a la demanda, lo que permitió que la corte fallara en su contra por defecto.
La resolución también establece que cualquier ingreso futuro generado por García Luna y su esposa deberá ser entregado al Estado mexicano.
Recuperación de activos y consecuencias adicionales
Hasta la fecha, el gobierno mexicano ha recuperado 2.7 millones de dólares mediante la ejecución de sentencias relacionadas con este caso. Estos fondos corresponden a activos de empresas fachada, inmuebles y pagos de hipotecas. El dinero recuperado ha sido ingresado a la Tesorería de la Federación.
Además, el gobierno ha solicitado la extradición de García Luna, quien actualmente cumple una condena de 38 años de prisión en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y delincuencia organizada.
Implicaciones legales y políticas
Esta sentencia representa un precedente legal sin igual en la lucha contra la corrupción en México, al ser la primera vez que un tribunal extranjero ordena una reparación económica de tal magnitud a favor del Estado mexicano. La UIF destacó la importancia del caso como modelo para futuras acciones internacionales de recuperación de activos.
El fallo ha reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar los controles en la administración pública y sobre la cooperación entre países en temas de corrupción y lavado de dinero.
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