CIJ emite sentencia histórica
La Corte Internacional de Justicia determinó este 19 de noviembre que Myanmar cometió genocidio contra la minoría rohinyá durante las operaciones militares desarrolladas en el estado de Rakáin en 2017.
La sentencia de fondo resolvió el caso presentado por Gambia en 2019 bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
Es la primera ocasión en que el máximo tribunal de Naciones Unidas responsabiliza a un Estado por genocidio mediante una sentencia de fondo.
Tribunal concluye que existió intención genocida
Por nueve votos contra seis, los jueces concluyeron que las fuerzas de seguridad de Myanmar realizaron actos dirigidos contra el grupo rohinyá con intención genocida.
La Corte consideró acreditados asesinatos masivos, violencia sexual generalizada, ataques contra menores y acciones dirigidas contra civiles que intentaban huir de la ofensiva militar.
Myanmar había sostenido que sus operaciones buscaban combatir a grupos insurgentes y no destruir a la población rohinyá.
También incumplió obligación de prevenir genocidio
La Corte determinó además que Myanmar incumplió su obligación internacional de prevenir actos genocidas cometidos por personas que actuaron junto con sus fuerzas de seguridad.
También concluyó que el país incumplió obligaciones relacionadas con el castigo de los responsables y con la adopción de legislación necesaria para aplicar la Convención contra el Genocidio.
La sentencia convierte jurídicamente estos hechos en responsabilidad internacional del Estado, además de las posibles responsabilidades penales individuales que puedan investigarse por otras vías.
Más de 750 mil personas huyeron en 2017
La ofensiva militar de 2017 provocó la salida hacia Bangladesh de más de 750 mil rohinyás, aunque la población refugiada acumulada ha crecido posteriormente.
Actualmente alrededor de 1.2 millones de rohinyás permanecen refugiados en Bangladesh, según cifras retomadas por Associated Press.
Las condiciones políticas y militares dentro de Myanmar continúan dificultando su retorno.
Corte ordena reparaciones y retorno seguro
La CIJ ordenó a Myanmar investigar y castigar a los responsables, reparar a las víctimas y crear condiciones para un retorno seguro, voluntario y digno de la población desplazada.
El monto específico de las indemnizaciones deberá determinarse posteriormente.
La sentencia es vinculante y no puede apelarse, pero la Corte Internacional de Justicia no dispone de fuerzas propias ni de un mecanismo directo para ejecutar sus decisiones dentro de los Estados.
Cumplimiento enfrenta grandes obstáculos
Myanmar permanece bajo control militar y atraviesa una guerra civil, lo que complica la aplicación práctica de la sentencia.
La presión internacional podrá desarrollarse mediante organismos de Naciones Unidas, sanciones diplomáticas y otros mecanismos, pero el cumplimiento dependerá en gran medida de la evolución política del país.
El fallo tiene además relevancia para otros procesos internacionales porque establece criterios sobre cómo puede probarse la responsabilidad estatal por genocidio.
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