La DEA sube el tono contra México
El nuevo director de la DEA, Terrance Cole, afirmó que existe una “conexión peligrosa” entre los cárteles mexicanos y el gobierno de México, a los que describió como estructuras “inseparables”. La declaración ocurrió durante la Cumbre por una América Libre de Fentanilo, realizada en Florida, y elevó nuevamente la tensión entre Washington y Ciudad de México.
Cole sostuvo que la agencia no sólo irá contra capos o traficantes, sino también contra facilitadores, lavadores de dinero y funcionarios coludidos. El mensaje coloca a la llamada “narcopolítica” como prioridad para la DEA, en un momento en que Estados Unidos presiona a México por fentanilo, corrupción y presuntos vínculos de autoridades con organizaciones criminales.
Cárteles, fentanilo y funcionarios
La DEA presentó sus señalamientos en el contexto de la crisis de fentanilo en Estados Unidos. Cole afirmó que los cárteles mexicanos, especialmente el Cártel de Sinaloa y el CJNG, siguen siendo responsables de gran parte del tráfico de drogas sintéticas hacia territorio estadounidense.
El funcionario también dijo que la agencia buscará desmantelar redes completas, no sólo capturar líderes criminales. Eso implica perseguir operadores financieros, empresas fachada, funcionarios corruptos y contactos políticos que faciliten el tráfico o protejan rutas.
México rechaza acusaciones
El gobierno mexicano rechazó los señalamientos y defendió que existe una estrategia nacional contra el crimen organizado. La administración de Claudia Sheinbaum ha insistido en que la cooperación con Estados Unidos debe darse con respeto a la soberanía y mediante canales oficiales.
La declaración de Cole llega después de varios episodios de tensión: reportes sobre políticos mexicanos investigados en Estados Unidos, señalamientos contra gobernadores, el caso de “El Mayo” Zambada y acusaciones de posibles operaciones encubiertas estadounidenses en territorio mexicano.
Golpe diplomático
Las palabras del director de la DEA no son menores. Acusar vínculos entre cárteles y gobierno mexicano, sin distinguir niveles, nombres o pruebas públicas completas, coloca una acusación grave sobre el Estado mexicano entero.
Para Estados Unidos, el mensaje refuerza su presión contra funcionarios presuntamente coludidos. Para México, puede leerse como una generalización peligrosa y como un intento de justificar mayor intervención bajo el argumento de combatir al crimen organizado.
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