Defensorxs lleva el caso ante la FGR
La organización civil Defensorxs presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República contra 55 políticos de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa durante el proceso electoral de 2021. La denuncia señala a figuras de Morena y de otros partidos, así como a exfuncionarios y funcionarios vinculados con la política estatal.
Entre los nombres mencionados en distintos reportes aparecen el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el exgobernador Quirino Ordaz Coppel, el senador Enrique Inzunza y otros actores políticos locales. La denuncia no equivale a una sentencia ni a una determinación judicial, sino al inicio de una ruta legal en la que la FGR tendría que investigar los señalamientos.
La acusación por la elección de 2021
El punto central de la denuncia es la llamada “narcoelección” en Sinaloa. Defensorxs acusa que integrantes del Cártel de Sinaloa habrían influido en el proceso electoral de 2021 para favorecer a ciertos candidatos y controlar posiciones políticas en la entidad.
De acuerdo con la organización, los denunciados habrían estado relacionados con una operación electoral criminal que habría involucrado presunta intimidación, protección política y beneficios para grupos delictivos. Animal Político reportó que Defensorxs acusó a políticos de Morena y otros partidos de haberse beneficiado de esa supuesta operación criminal.
Los delitos señalados
La denuncia presentada ante la FGR incluye señalamientos por delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, delitos electorales y secuestro. Varios reportes indican que Defensorxs acusa posibles privaciones ilegales de la libertad contra operadores políticos durante el proceso electoral.
La organización también afirmó que habría existido protección o tolerancia hacia actividades criminales relacionadas con producción y tráfico de drogas, así como presunta recepción de recursos ilícitos a cambio de impunidad gubernamental o policial.
Rubén Rocha y Quirino Ordaz en el centro
La denuncia ocurre en medio de una creciente presión política sobre Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, tras señalamientos desde Estados Unidos por presuntos vínculos con grupos criminales. Defensorxs también incluyó en sus señalamientos a Quirino Ordaz Coppel, exgobernador de Sinaloa y actual embajador de México en España.
De acuerdo con Reforma y otros medios, la lista incluye también a 17 alcaldes de Morena, además de diputados y funcionarios estatales.
Presión política y presión judicial
El caso no solo tiene implicaciones penales. También abre una discusión política sobre la relación entre gobiernos locales, elecciones y crimen organizado. Defensorxs acusó que México no debería depender de la presión de Estados Unidos para investigar a políticos señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Esa frase coloca el caso dentro de una tensión mayor: mientras Washington aumenta las acusaciones contra autoridades mexicanas, organizaciones civiles piden que las instituciones nacionales investiguen con independencia y no solo como reacción a señalamientos extranjeros.
La FGR tiene la siguiente palabra
Hasta ahora, lo confirmado es la presentación de la denuncia. La FGR deberá determinar si abre una investigación formal, si solicita información adicional, si cita a declarar a personas señaladas o si descarta parte de los elementos presentados.
Por eso, el caso debe leerse con cuidado: las acusaciones son graves, pero todavía están en etapa de denuncia. No existe, con la información disponible, una resolución judicial que declare culpables a los políticos señalados.
Un caso que golpea a Sinaloa y a Morena
La denuncia de Defensorxs tiene un impacto directo en Sinaloa, pero también en Morena, porque varios de los señalados pertenecen o están vinculados al partido gobernante. Además, llega en un momento en que el gobierno federal enfrenta presión externa por seguridad, narcotráfico y cooperación con Estados Unidos.
Si la FGR avanza, el caso podría convertirse en una de las investigaciones políticas más delicadas del año. Si no avanza, la denuncia puede alimentar el discurso de impunidad que Defensorxs ya colocó en el centro de su reclamo.
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