La denuncia de empresarios en la Comarca Lagunera
Un grupo de empresarios, productores agropecuarios y comerciantes de la Región Lagunera, que abarca territorios de Coahuila y Durango, lanzó una denuncia pública contra el sindicato CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México) y su líder nacional, el diputado de Morena Pedro Haces Barba.
Según las acusaciones, el sindicato estaría operando una red de extorsiones y cobros ilegales disfrazados de “cuotas sindicales”, afectando directamente a productores de leche, comerciantes minoristas y empresarios locales. Los denunciantes sostienen que aquellos que se han negado a pagar han recibido amenazas, hostigamientos e incluso agresiones físicas.
Extorsiones vinculadas con crimen organizado
Uno de los puntos más delicados de las denuncias es la presunta colusión entre operadores de la CATEM y grupos criminales que actúan en la zona. Los empresarios aseguran que la organización sindical se presenta como intermediaria de poderosas estructuras del crimen organizado, lo que genera un ambiente de miedo y desprotección en la región.
Las acusaciones fueron acompañadas de un llamado urgente a los gobiernos estatales y al federal para frenar lo que describen como un “esquema de extorsión institucionalizada” que pone en riesgo la seguridad de la actividad económica y de las comunidades.
La respuesta de Pedro Haces
El propio Pedro Haces rechazó las acusaciones y las calificó como una campaña política en su contra. Afirmó que detrás de las denuncias se encuentran los gobernadores de Coahuila y Durango, a quienes acusó de proteger los últimos reductos de los sindicatos tradicionales en sus estados.
Haces sostuvo que la CATEM ha crecido como alternativa frente a las viejas prácticas del sindicalismo corporativo y que su presencia en La Laguna responde a la libre decisión de los trabajadores. Señaló además que no tolerará que se intente desprestigiar a su organización con denuncias “fabricadas” para frenar su expansión sindical.
Reacciones de autoridades locales
El gobierno de Durango, encabezado por Esteban Villegas, respondió de inmediato a las denuncias y aseguró que se abrirán investigaciones para determinar la veracidad de los señalamientos. La Fiscalía estatal anunció que recopilará testimonios y pruebas presentadas por los empresarios afectados.
En Coahuila, la administración de Manolo Jiménez también declaró que no permitirá actos de intimidación o violencia en contra de los productores y comerciantes de la región. Ambos gobiernos coincidieron en que cualquier organización sindical debe respetar la ley y los derechos de los trabajadores, sin incurrir en prácticas ilícitas.
La postura del gobierno federal
Desde la presidencia, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el caso durante una de sus conferencias matutinas. La mandataria sostuvo que “no habrá impunidad” y que, de confirmarse los actos de extorsión, se sancionará a los responsables. Subrayó además que ningún diputado ni dirigente sindical puede estar por encima de la ley, y que el caso será investigado por las autoridades competentes.
Implicaciones más amplias
El escándalo pone bajo la lupa el papel de la CATEM, una organización sindical relativamente nueva que ha ganado fuerza en la última década y que ha sido señalada en varias ocasiones de utilizar métodos de presión poco transparentes.
En el plano político, el caso representa un dilema para Morena: mantener a Haces dentro de su bancada implica cargar con el costo de las denuncias, mientras que distanciarse podría abrir una fisura dentro de un sector sindical que en los últimos años se ha alineado con el proyecto de la 4T.
Además, la presunta relación de extorsiones con estructuras criminales eleva el caso a un problema de seguridad nacional, pues coloca al sindicalismo en la frontera difusa entre representación laboral y actividades delictivas.
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