Decisión judicial y consecuencias inmediatas
El 20 de mayo de 2025, Walt Disney Co. notificó a aproximadamente 45 empleados venezolanos en Florida que serían colocados en una licencia sin goce de sueldo de 30 días. Esta medida se tomó tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que permitió a la administración del presidente Donald Trump revocar la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgada por el gobierno anterior. Los empleados afectados deberán presentar una nueva autorización de trabajo válida al final de este período o enfrentarán el despido.
Disney, una de las mayores empleadoras en Florida, expresó su compromiso con la salud, seguridad y bienestar de todos sus empleados y sus familias. La empresa aseguró que sus equipos de recursos humanos y legales están asistiendo a los empleados que puedan verse afectados por los cambios en las políticas migratorias.
Impacto en la comunidad venezolana
La revocación del TPS afecta directamente a más de 350,000 venezolanos que residían en Estados Unidos bajo este estatus. En Florida, se estima que alrededor de 360,000 personas tienen TPS, y aproximadamente el 60% son ciudadanos venezolanos. La decisión de la Corte Suprema ha generado incertidumbre y preocupación entre la comunidad venezolana, que ahora enfrenta el riesgo de deportación y la pérdida de sus medios de subsistencia.
La medida también ha tenido un impacto económico significativo, ya que muchos empleadores dependen de la fuerza laboral proporcionada por los beneficiarios del TPS. Expertos advierten que la pérdida de esta fuerza laboral podría traducirse en escasez de mano de obra y aumento en los precios de los bienes y servicios.
Contexto legal y futuro del TPS
El TPS es un programa migratorio creado en 1990 que protege a ciudadanos de países en crisis humanitarias, conflictos armados o desastres naturales, permitiéndoles vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos de forma temporal. Venezuela fue incluida en el programa en 2021, en respuesta al colapso económico y político del gobierno de Nicolás Maduro.
La decisión de la Corte Suprema no resolvió el fondo del litigio, pero habilita al gobierno federal a revocar el programa mientras continúa el proceso judicial. Una nueva audiencia está prevista para la próxima semana ante el juez Ed Chen, en California, quien había bloqueado previamente la medida por considerar que “carece de respaldo probatorio”.
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