El gobierno de Estados Unidos anunciará un programa piloto a partir del 20 de agosto de 2025, mediante el cual se exigirá el depósito de una fianza reembolsable de entre $5,000 y $15,000 USD a ciertos solicitantes de visas B‑1 y B‑2 —destinadas a visitantes temporales por negocios o turismo— provenientes de países identificados por el Departamento de Estado como de alta permanencia irregular o con sistemas de verificación documental considerados deficientes.

La iniciativa durará 12 meses, y será aplicada bajo discrecionalidad consular. En general, los funcionarios establecerán un monto mínimo de $10,000 USD, aunque podrán ajustarlo a $5,000 o $15,000 USD según el perfil del solicitante. Las fianzas serán retenidas por el Tesoro de EE. UU. y reembolsadas siempre que el visitante salga del país dentro del periodo autorizado. La medida incluye exenciones automáticas para ciudadanos de países del Programa de Exención de Visa y contempla exenciones individuales según las circunstancias del solicitante.

La medida tiene su origen en una propuesta previa de 2020 durante la administración Trump, que no llegó a implementarse a causa de la pandemia. El nuevo programa busca retomar esa idea y evitar que las autoridades estadounidenses asuman cargas financieras en caso de incumplimiento migratorio. Se estima que unos 2,000 solicitantes podrían estar sujetos a esta medida durante el piloto.

Aunque la lista oficial de países aún no ha sido divulgada, se espera que incluya naciones con altas tasas de estadía vencida en 2023, como Chad, Eritrea, Haití, Myanmar, Yemen, Burundi, Djibouti, Togo, entre otras. Latinoamérica también aparece en la lista, especialmente por excedentes de estadía documentados en países como Venezuela y Colombia. Estas estadísticas han sido señaladas como parte del fundamento para adoptar las fianzas como política migratoria.

El programa también contempla la introducción de una nueva tarifa de $250 USD denominada “Visa Integrity Fee”, que se sumará al costo de solicitud de la visa y podría reintegrarse si el titular cumple con los términos de su estadía. Esta medida se inscribe dentro de un discurso más amplio de la administración Trump, orientado a endurecer las políticas migratorias mediante mayor vigilancia, tarifas y mecanismos disuasorios.

Las reacciones inmediatas han sido diversas. Expertos y organizaciones internacionales advierten que el costo adicional podría dificultar el acceso a visas a viajeros legítimos, especialmente procedentes de países vulnerables. El sector turístico y empresarial prevé un impacto negativo en la movilidad internacional, mientras autoridades justifican la medida como necesaria para restablecer control y confianza en el sistema de visas de EE. UU.

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