Washington intensifica su ofensiva contra el cártel michoacano, designado como organización terrorista

El gobierno de Estados Unidos ha reforzado su estrategia de combate al crimen organizado ofreciendo recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a la captura de los principales líderes de La Nueva Familia Michoacana (LNFM), Johnny “El Pez” y José Alfredo “El Fresa” Hurtado Olascoaga. Esta decisión se enmarca dentro de una política más amplia para contener la crisis del fentanilo y el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Según el Departamento de Estado, Johnny Hurtado es considerado uno de los principales responsables de la distribución de múltiples sustancias ilícitas en Estados Unidos, incluyendo cocaína, heroína, metanfetaminas y fentanilo. Su hermano, José Alfredo, también ha sido identificado como cabecilla del grupo, y ambos enfrentan cargos en una corte federal en Georgia por conspiración para fabricar y distribuir estas drogas. Las autoridades estadounidenses estiman que el cártel trafica más de 60 toneladas de estupefacientes al año.

Como parte de esta ofensiva, el Departamento del Tesoro impuso sanciones económicas no solo contra ambos hermanos, sino también contra otros miembros de su familia. Entre ellos se encuentra Ubaldo Hurtado, señalado como jefe de sicarios y vinculado a la extracción ilegal de minerales, así como Adita Hurtado, presuntamente encargada de lavar dinero mediante negocios fachada en Estados Unidos, como tiendas de ropa usada. Estas sanciones permiten la congelación de bienes y cuentas bancarias bajo jurisdicción estadounidense.

En paralelo, el gobierno de EE.UU. ha designado formalmente a La Nueva Familia Michoacana como una “Organización Terrorista Extranjera” y como “Terrorista Global Especialmente Designado”. Este nuevo estatus jurídico refuerza el marco legal para perseguir a sus integrantes y simpatizantes tanto dentro como fuera de EE.UU., y habilita operaciones internacionales de inteligencia y seguridad contra sus redes.

LNFM, con fuerte presencia en Guerrero y Michoacán, ha ganado notoriedad por su uso de tácticas extremadamente violentas, incluyendo el uso de drones cargados con explosivos y ataques a fuerzas de seguridad mexicanas. La organización también ha sido señalada por prácticas de trata de personas, extorsión, explotación de migrantes y actividades económicas ilícitas como la minería y la tala ilegal.

Estas acciones se suman a una campaña más amplia impulsada por la administración Trump y mantenida por gobiernos posteriores, que han presionado a México para intensificar las detenciones y extradiciones de líderes criminales. Desde enero, México ha extraditado a 29 presuntos líderes de cárteles, y se ha comprometido a reforzar la vigilancia en rutas clave de tráfico hacia la frontera norte.

El anuncio de recompensas millonarias no solo marca un nuevo nivel de presión internacional sobre LNFM, sino que también evidencia la creciente preocupación de Washington por el impacto del narcotráfico mexicano en su territorio, especialmente en lo que respecta a la epidemia de opioides.

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