Una ofensiva financiera y legal desde Washington
El gobierno de Estados Unidos lanzó una ofensiva dirigida a la facción conocida como “Los Chapitos”, integrada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el Departamento del Tesoro congelaron activos, bloquearon transacciones e incluyeron a la facción en la lista de “Terroristas Globales Especialmente Designados”. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado anunció recompensas de 10 millones de dólares por cada uno por información que conduzca al arresto o condena de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, actualmente prófugos en México.
Violencia, fentanilo y laboratorios en Sinaloa
Según el comunicado oficial, “Los Chapitos” controlan una red activa dedicada a la producción y tráfico de fentanilo, utilizando laboratorios clandestinos operativos en Sinaloa. Estas operaciones también involucran la importación de precursores químicos y la distribución de pastillas falsas, que alimentan la epidemia de opioides en Estados Unidos.
El Tesoro estadounidense responsabilizó directamente a Iván Archivaldo por una ola de violencia en México y el tráfico transfronterizo de fentanilo, mientras que Jesús Alfredo fue señalado como su “teniente” responsable de la tortura a miembros de bandas rivales. Además, se les vinculó con la muerte del ex marine Nicholas Quets, asesinado en octubre de 2024 en Sonora.
Embudo criminal: Mazatlán como epicentro
Las sanciones también alcanzan a una red empresarial con sede en Mazatlán vinculada a la facción. Entre los señalados se encuentra Víctor Manuel Barraza Pablos, presunto jefe de plaza, y el empresario José Raúl Núñez Ríos, acusado de blanquear fondos mediante bienes raíces, construcciones y negocios hoteleros. También fue incluida su esposa, Sheila Paola Urías Vázquez, señalada como titular de varios establecimientos utilizados como tapadera.
En total se trece entidades —incluyendo clubes de playa, spas y tiendas— fueron afectadas, lo que implica la congelación de bienes e impedimentos para realizar acuerdos con empresas o personas en EE.UU.
Estrategia de recompensas y marco terrorista
Estados Unidos aplica una estrategia dual: sanciones y recompensas. La iniciativa del Departamento del Tesoro complementa una orden ejecutiva de Trump emitida en enero, que faculta al gobierno para designar a organizaciones criminales como terroristas y aplicar medidas más agresivas.
A juicio de Washington, esta medida busca derribar financieramente a la facción y romper su cadena de mando, al mismo tiempo que incentiva la colaboración de informantes a través del atractivo monetario, algo que agencias como la DEA califican como esencial para desarticular las redes de narcotráfico.
Una señal para México y consecuencias internas
Este movimiento, iniciado mientras se agudizan los enfrentamientos entre varias facciones del cártel de Sinaloa en regiones como Culiacán y Mazatlán, refleja la intención de Estados Unidos de intervenir directamente en sectores críticos del narcotráfico. Su impacto puede ser determinante: congelar recursos y aislar a los líderes prófugos, al tiempo que busca aplicar una presión externa sobre el gobierno mexicano para reforzar acciones locales.
Las autoridades mexicanas han respondido de modo diplomático, sin emitir críticas públicas formales —acaso conscientes de la gravedad del asunto y del riesgo de escalada— aunque el operativo interno contra “Los Chapitos” ha incluido la detención de colaboradores en Sinaloa.
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