Las sanciones del Departamento del Tesoro
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 6 de octubre de 2025 una nueva ronda de sanciones dirigidas contra una red de empresas y personas mexicanas presuntamente vinculadas al grupo criminal conocido como “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
En total, las sanciones afectan a ocho personas y doce empresas acusadas de participar en la fabricación y tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense. Las medidas fueron impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que las incluyó en la lista de entidades sujetas a bloqueo financiero conforme a la Ley de Designación de Narcotraficantes Extranjeros (Kingpin Act).
Con esta acción, el Tesoro congela todos los bienes y activos de los sancionados bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe que ciudadanos o empresas de EE. UU. realicen transacciones con ellos. Además, advierte que cualquier institución financiera internacional que mantenga vínculos comerciales con los designados podría ser objeto de sanciones secundarias.
Las autoridades estadounidenses justificaron la medida como parte de su estrategia para “desmantelar las estructuras logísticas y financieras” del Cártel de Sinaloa, especialmente las que proveen precursores químicos para la producción de opioides sintéticos.
Los nombres detrás de la red sancionada
Entre los individuos señalados se encuentran José Luis Ríos López, Gabriel Salazar Cota, Eduardo Angulo Uriarte y Iván Carrillo Beltrán, quienes, de acuerdo con el Tesoro, actúan como operadores o prestan servicios para la compra y transporte de químicos utilizados en la síntesis de fentanilo.
Las doce empresas vinculadas operan en estados como Sinaloa, Sonora, Baja California y Ciudad de México, bajo giros aparentemente legales, que incluyen la importación de insumos químicos, transporte terrestre, logística portuaria y comercialización de productos farmacéuticos.
Fuentes del Departamento de Justicia señalaron que varias de estas compañías fueron creadas como “fachadas comerciales” para encubrir operaciones ilícitas, aprovechando exportaciones legítimas de compuestos farmacéuticos para introducir precursores prohibidos.
En particular, se investiga la participación de una empresa sinaloense que habría recibido cargamentos de anilina y acetato de anhídrido, sustancias controladas por la Administración para el Control de Drogas (DEA) debido a su potencial uso en la fabricación de fentanilo.
Estrategia de Washington contra el fentanilo
La ofensiva del gobierno de Joe Biden contra los cárteles mexicanos se ha intensificado en los últimos años. Estados Unidos atribuye al fentanilo más de 70,000 muertes anuales por sobredosis, por lo que ha convertido la lucha contra el tráfico de opioides en un asunto de seguridad nacional.
El Tesoro, el Departamento de Estado y la DEA trabajan de forma coordinada para golpear las finanzas del crimen organizado. Las sanciones buscan cortar las cadenas de suministro y dificultar las transacciones internacionales de los grupos que producen o distribuyen drogas sintéticas.
Washington ha insistido en que las redes de “Los Chapitos” representan la facción más activa del Cártel de Sinaloa en la producción de fentanilo, utilizando laboratorios clandestinos en el norte del país y rutas marítimas a través del Pacífico.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, declaró que “la cooperación con México sigue siendo crucial” y que las sanciones no están dirigidas contra el país, sino contra actores criminales específicos. Aseguró que el gobierno estadounidense continuará colaborando con autoridades mexicanas para rastrear las cadenas financieras ilícitas.
Repercusiones diplomáticas y respuesta mexicana
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), confirmó haber sido notificado de las sanciones y manifestó que mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses para evaluar el impacto de las medidas.
Fuentes diplomáticas señalaron que México busca garantizar que la estrategia estadounidense no afecte a empresas nacionales legítimas ni derive en un trato generalizado hacia el sector químico o farmacéutico.
La Cancillería subrayó que el combate al tráfico de fentanilo es un compromiso compartido, aunque reiteró su posición de que las acciones unilaterales deben acompañarse de cooperación técnica y judicial.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que ya existe coordinación con la DEA y la OFAC para intercambiar información sobre las empresas y personas señaladas. También confirmó la apertura de investigaciones locales por lavado de dinero y violaciones a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos.
En contraste, analistas políticos advirtieron que las sanciones podrían incrementar la tensión diplomática entre ambos países, especialmente si se perciben como una injerencia en la jurisdicción mexicana o si afectan a compañías que aún no han sido acusadas penalmente en México.
Impacto económico y criminal
Las sanciones financieras tienen un efecto inmediato en las operaciones del crimen organizado: los activos congelados impiden el acceso a recursos internacionales, obstaculizan el lavado de dinero y reducen la capacidad de compra de químicos en el extranjero.
Sin embargo, expertos señalan que las organizaciones criminales suelen adaptarse con rapidez, utilizando intermediarios o nuevas empresas fachada. El impacto real depende del seguimiento que den las autoridades mexicanas a los señalados.
En el ámbito económico, las sanciones podrían generar preocupación en el sector químico nacional, que teme ser objeto de escrutinio adicional o restricciones comerciales con socios estadounidenses.
A nivel regional, estas acciones también podrían afectar a pequeños empresarios que, sin estar implicados en actividades ilícitas, se encuentren en cadenas de suministro relacionadas con las empresas sancionadas.
Reacciones internacionales y perspectivas
El gobierno de Canadá y la Unión Europea expresaron su apoyo a las sanciones, subrayando la necesidad de una respuesta global contra el tráfico de fentanilo. Ambos actores consideran que el combate financiero es un componente esencial para reducir la capacidad operativa de los cárteles.
En Estados Unidos, legisladores republicanos calificaron la medida como “insuficiente”, exigiendo que las redes mexicanas de tráfico de drogas sean clasificadas formalmente como organizaciones terroristas extranjeras, lo que permitiría acciones más severas, incluyendo operativos directos fuera del territorio estadounidense.
Por el contrario, funcionarios del Departamento de Estado advirtieron que ese enfoque podría desestabilizar la cooperación bilateral con México y complicar los esfuerzos conjuntos de seguridad.
Conclusión
Las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra la red vinculada a “Los Chapitos” reflejan una estrategia cada vez más enfocada en el combate financiero al narcotráfico, complementaria al esfuerzo policial y judicial.
El mensaje de Washington es claro: las organizaciones criminales serán perseguidas no solo en sus operaciones ilícitas, sino también en sus flujos económicos, estructuras empresariales y vínculos comerciales.
Para México, el reto es doble: mantener la colaboración internacional sin ceder soberanía ni poner en riesgo sectores productivos legítimos. Al mismo tiempo, deberá fortalecer sus mecanismos internos de control sobre precursores químicos y lavado de dinero para evitar que el país siga siendo un punto crítico en la cadena global del fentanilo.
El resultado de esta nueva fase de cooperación y sanciones marcará el rumbo de la relación bilateral en materia de seguridad y justicia en los próximos años.
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