El fin de una etapa y el inicio de otra

El 1 de agosto de 2025 marcó un giro inesperado en uno de los casos judiciales más emblemáticos de las últimas décadas. Israel Vallarta fue absuelto de los cargos que lo mantenían recluido y liberado del penal de máxima seguridad del Altiplano. La jueza Mariana Vieyra Valdez determinó que no existía evidencia sólida que respaldara su culpabilidad en delitos como secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad.

Sin embargo, este cierre fue solo el comienzo de un nuevo capítulo. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) apelaría la resolución absolutoria. Fue claro al afirmar que esta acción no busca revivir controversias pasadas, sino proteger a las víctimas —seis personas que sufrieron secuestros por los cuales Vallarta aún podría estar legalmente vinculado.

Justificación ética, moral y jurídica

Gertz Manero enfatizó que, más allá de si hubo o no un montaje mediático —como aquel transmitido en directo en 2005—, “el secuestro es después del homicidio el delito más grave que puede sufrir una persona”. Enfatizó que quienes fueron víctimas merecen justicia y protección, sin quedar en situación de indefensión.

Es bajo estos argumentos que la FGR decidió interponer un recurso de apelación, defendiendo el derecho de las víctimas a la reparación del daño y al acceso pleno a la justicia. No se trata de un acto revanchista, sino de cumplir con la responsabilidad institucional hacia quienes sufrieron un delito grave.

El caso que persiste

Aunque fue detenida en 2005 junto con la ciudadana francesa Florence Cassez, y aunque la Suprema Corte liberó a Cassez en 2013 por irregularidades en el proceso, Vallarta permaneció recluido casi dos décadas sin sentencia firme. Su liberación —decidida casi 20 años después— pone en evidencia las deficiencias del sistema judicial, particularmente del uso prolongado de la prisión preventiva.

El caso también refleja las fuertes tensiones entre narrativa mediática y realidad judicial: la famosa transmisión del arresto fue catalogada como montaje, manchando la legitimidad del proceso desde el inicio.

Una apelación, múltiples frentes

La apelación anunciada por la FGR podría reabrir todo el proceso contra Vallarta. Si los recursos proceden, se pondrían nuevamente sobre la mesa las carpetas de investigación pendientes y el debido proceso de revisión. Este nuevo episodio judicial evidencia la complejidad y permanencia del caso, que ahora transita entre los tribunales y los reclamos de víctimas y defensores de derechos humanos.

Mientras tanto, Vallarta ha expresado su intención de emprender acciones legales contra quienes considera responsables de su detención prolongada e injusta. Al mismo tiempo, defensores de derechos humanos y organismos internacionales han señalado la urgencia de atender su salud, deteriorada tras años de encierro y condiciones adversas en prisión.

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