Dos investigaciones, dos tonos políticos

La Fiscalía General de la República volvió a quedar bajo presión por el contraste entre el trato dado a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Mientras Campos y el exfiscal César Jáuregui fueron citados por el caso del operativo antinarco con agentes de la CIA en Chihuahua, Rocha y otros funcionarios señalados por Estados Unidos en el caso Sinaloa fueron llamados únicamente a entrevistas, sin una ruta pública clara de comparecencia.

Claudia Sheinbaum intentó bajar el tono al aclarar que ni Maru Campos ni Rubén Rocha están formalmente imputados en sus respectivas investigaciones. La presidenta señaló que, por ahora, se trata de entrevistas dentro de indagatorias abiertas y no de procesos penales con imputación directa.

El caso Chihuahua: CIA, operativo y citatorios

La investigación relacionada con Maru Campos deriva de un operativo antinarco en Chihuahua en el que habrían participado agentes de la CIA junto con autoridades locales, sin conocimiento pleno del gobierno federal. La FGR citó a la gobernadora y al exfiscal César Jáuregui para declarar dentro del expediente.

El caso es sensible porque toca dos temas incómodos: la participación de agencias extranjeras en territorio mexicano y la coordinación, o falta de ella, entre autoridades estatales y federales. Si agentes estadounidenses participaron en una operación sin autorización federal clara, el asunto deja de ser local y entra al terreno de soberanía y seguridad nacional.

El caso Rocha: acusaciones desde Estados Unidos

Del otro lado está Rubén Rocha Moya, señalado por autoridades estadounidenses dentro de una investigación vinculada al Cártel de Sinaloa y Los Chapitos. En ese expediente, Estados Unidos lo relaciona con presuntos delitos de narcotráfico, posesión de armas y colaboración con una organización criminal.

A pesar de la gravedad de esos señalamientos, Sheinbaum insistió en que México no puede actuar solo con acusaciones externas y que debe haber pruebas formales. También sostuvo que Rocha no está imputado en México y que cualquier procedimiento debe seguir la vía institucional.

La diferencia que incomoda

El punto político está en el contraste. En Chihuahua, la FGR se movió con citatorios concretos hacia figuras panistas. En Sinaloa, frente a un caso que involucra a un gobernador morenista con licencia y a otros funcionarios señalados en Estados Unidos, el lenguaje oficial ha sido más cauteloso: entrevistas, colaboración y espera de información.

Esa diferencia alimenta la acusación de doble rasero. No porque Maru Campos deba quedar fuera de investigación, sino porque el caso Rocha parece recibir un trato más cuidadoso pese a que ya provocó entregas de exfuncionarios, fichas rojas de Interpol, congelamiento preventivo de cuentas y presión diplomática.

Sheinbaum niega imputaciones

Sheinbaum buscó colocar ambos casos en el mismo nivel jurídico: investigaciones abiertas, entrevistas pendientes y ausencia de imputación formal. Su argumento es que ni Campos ni Rocha pueden ser tratados como culpables sin un proceso penal que lo determine.

El matiz jurídico es correcto, pero no elimina la lectura política. La justicia no solo se mide por expedientes, también por tiempos, lenguaje público y disposición institucional para avanzar cuando los señalados pertenecen al partido gobernante o a la oposición.

FGR entre autonomía y sospecha

La FGR es un órgano constitucional autónomo encargado de investigar delitos federales y procurar justicia. En papel, sus decisiones no deberían depender de cálculos partidistas ni de la presión presidencial.

Pero en la práctica, cada movimiento de la Fiscalía se interpreta dentro del tablero político. Cuando actúa rápido contra opositores y con cautela frente a aliados del oficialismo, la percepción de imparcialidad se debilita, incluso si jurídicamente los expedientes están en etapas distintas.

La entrevista como salida cómoda

El término “entrevista” también importa. No suena igual citar a declarar, llamar como testigo, imputar formalmente o pedir una entrevista. En casos de alto perfil, el lenguaje institucional puede suavizar o endurecer la percepción pública.

En el caso Rocha, esa suavidad choca con la gravedad de las acusaciones estadounidenses. En el caso Maru Campos, el citatorio refuerza la idea de que la FGR sí puede actuar con rapidez cuando decide hacerlo.

Dos raseros o dos expedientes

La defensa institucional sería decir que son dos expedientes distintos, con hechos distintos y etapas distintas. La crítica política, en cambio, apunta a que la Fiscalía mide con diferente vara según el partido de la persona investigada.

Por ahora, Sheinbaum intenta sostener una línea jurídica: nadie está imputado. Pero el país observa otra cosa: una Fiscalía que aprieta con unos, conversa con otros y deja la sensación de que la justicia mexicana tiene más de un modo de operar.

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