Fiscalía entra al área de Recursos Materiales
Agentes de la Fiscalía General de la República realizaron un cateo en oficinas administrativas del Instituto Nacional Electoral como parte de las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos de materiales y servicios electorales.
La diligencia se concentró en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios y en áreas relacionadas con adquisiciones, ubicadas en la Torre Zafiro, al sur de Ciudad de México.
El operativo representa una nueva etapa en las investigaciones que durante las últimas semanas han involucrado a exfuncionarios del organismo y a empresas proveedoras.
Agentes revisan computadoras y archivos
Elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, inspeccionaron equipos de cómputo y documentación dentro de las oficinas.
La FGR busca obtener información relacionada con licitaciones, contrataciones y comunicaciones que permitan establecer si existieron irregularidades en la asignación de contratos.
El cateo no significa que las personas que trabajaban en esas áreas hayan cometido delitos. La evidencia asegurada deberá ser analizada dentro de la investigación ministerial.
Área estuvo encabezada por Mario Burciaga
La Dirección de Recursos Materiales y Servicios estuvo encabezada hasta el 27 de octubre por Mario Alfonso Burciaga Esparza, uno de los funcionarios que aparecieron en reuniones con José Alfredo Hernández Casillas.
Hernández Casillas es uno de los proveedores electorales que se encuentran bajo investigación por sus relaciones con funcionarios y por contratos otorgados a empresas vinculadas con su entorno.
Burciaga fue posteriormente separado del cargo dentro de la reestructuración emprendida tras la salida de Guadalupe Taddei.
Contrato de credencial está bajo revisión
Entre las contrataciones señaladas se encuentra la producción de la credencial para votar para el periodo 2026-2031, uno de los contratos de mayor valor del organismo.
La Jornada reportó que circula un audio atribuido a Hernández Casillas en el que presuntamente da instrucciones relacionadas con el momento en que debía anunciarse el fallo de esa licitación, cuyo valor supera los mil 100 millones de pesos.
La autenticidad, contexto y relevancia jurídica de ese material deberán ser determinados por las autoridades.
INE ya presentó denuncia ante la Fiscalía
El propio INE presentó días antes una denuncia ante la FGR para deslindar responsabilidades por posibles irregularidades ocurridas durante la administración anterior.
El escrito no se limita necesariamente a Guadalupe Taddei, sino que busca determinar qué funcionarios, exfuncionarios o particulares pudieron participar en conductas ilegales.
El cateo confirma que la Fiscalía ya realiza diligencias materiales dentro del organismo, después de semanas de auditorías y denuncias.
Investigación todavía debe acreditar responsabilidades
El operativo permite reunir documentos y evidencia, pero no establece por sí mismo culpabilidad.
La FGR deberá relacionar los materiales encontrados con decisiones administrativas concretas y determinar si existieron delitos como tráfico de influencias, colusión, uso indebido de atribuciones o triangulación de recursos.
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