Silvano Aureoles obtiene suspensión definitiva contra orden de aprehensión
El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, ha sido beneficiado con una suspensión definitiva que impide su detención inmediata, a pesar de enfrentar acusaciones por delitos como peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. La jueza federal Jovita Vargas Alarcón, titular del Juzgado Noveno de Distrito en materia Penal, otorgó esta medida cautelar, la cual estará vigente hasta que se resuelva el juicio de amparo promovido por Aureoles. Para mantener esta protección judicial, el exmandatario deberá depositar una garantía de un millón de pesos.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha expresado su inconformidad con esta decisión, argumentando que la suspensión definitiva otorga una protección indebida al exgobernador y obstaculiza la acción de la justicia. En respuesta, la FGR ha anunciado que presentará una denuncia penal contra la jueza Vargas Alarcón por presunta protección indebida a Aureoles.
Acusaciones por desvío millonario en construcción de cuarteles
Las investigaciones señalan que durante su administración (2015-2021), Aureoles habría encabezado un esquema de desvío de recursos públicos por más de 3 mil millones de pesos, mediante la construcción a sobreprecio de siete cuarteles para la Guardia Civil en diversos municipios de Michoacán. Los contratos fueron adjudicados sin licitación a la empresa Inmobiliaria DYF, la cual no contaba con la propiedad de los terrenos al momento de la firma. Además, se detectaron irregularidades como la construcción de residencias privadas dentro de los cuarteles, destinadas al uso del gobernador.
Cuatro exfuncionarios de su administración han sido detenidos y vinculados a proceso por estos hechos, mientras que Aureoles ha sido citado a comparecer el próximo 20 de agosto de 2025 ante la jueza de control Patricia Sánchez Nava, del Reclusorio Oriente.
Controversia por aplazamiento de audiencia y acciones de la FGR
La FGR ha criticado el aplazamiento de la audiencia inicial de Aureoles, originalmente programada para el 9 de mayo, la cual fue reprogramada para agosto por la jueza Vargas Alarcón. La Fiscalía argumenta que esta decisión viola el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece un plazo máximo de 15 días para la celebración de audiencias. Además, señala que la jueza aceptó un escrito no ratificado por Aureoles como justificación para su incomparecencia, lo que consideran una protección parcial e injusta.
En consecuencia, la FGR ha presentado una queja procesal y una denuncia penal contra la jueza, buscando que se revoque la suspensión definitiva y se proceda con la orden de aprehensión contra el exgobernador.
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