Un acto de unidad institucional en territorio opositor

En una visita oficial a Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum fue recibida con palabras de respaldo por parte de la gobernadora panista del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo. El encuentro, que tuvo lugar en Silao y Celaya, destacó por el tono de cooperación entre ambas mandatarias, en contraste con la histórica distancia política entre el PAN y el proyecto encabezado por Morena a nivel federal. “Aquí tienes una aliada que va a seguir trabajando de tu mano”, expresó la gobernadora frente a la presidenta, en un mensaje que rápidamente generó reacciones tanto de respaldo como de escepticismo dentro de sus respectivas bancadas.

El gesto, cargado de simbolismo, representa uno de los primeros acercamientos formales entre el gobierno federal y un estado gobernado por Acción Nacional en el actual sexenio. La visita se centró en la entrega de apoyos sociales y la inauguración del Centro Libre para las Mujeres en Silao, donde ambas funcionarias subrayaron la importancia de articular esfuerzos para atender temas prioritarios como salud, educación, violencia de género y pobreza estructural. Sin embargo, el contexto general fue marcado por un repunte en los niveles de violencia registrados en varios municipios del estado durante la misma semana.

Un contexto ensombrecido por la violencia

Mientras las mandatarias hablaban de colaboración y bienestar, el estado vivía un nuevo episodio de inseguridad. Durante el fin de semana previo a la visita presidencial, se reportaron al menos catorce homicidios en distintos puntos de Guanajuato, incluyendo ejecuciones múltiples en Yuriria e Irapuato. Las imágenes de cuerpos abandonados, mensajes de grupos criminales y movilizaciones policiales dominaron los medios locales y alimentaron la tensión en redes sociales.

En ese entorno, pobladores de Silao interrumpieron el evento oficial exigiendo mayor seguridad. “¡Queremos paz, queremos seguridad!”, gritaban algunos asistentes mientras la presidenta pronunciaba su discurso. Aunque el equipo de presidencia intentó controlar la situación, Sheinbaum optó por responder con firmeza: “Hay libertad de expresión, pero también debe haber respeto”. La escena dejó ver el ambiente de frustración ciudadana que se vive en zonas marcadas por el crimen organizado, pese a los esfuerzos institucionales de ambos niveles de gobierno.

La gobernadora, por su parte, no restó importancia a la violencia. En entrevistas previas, ha reconocido que su administración enfrenta un problema estructural que requiere más recursos, inteligencia y apoyo federal sostenido. Si bien las cifras oficiales reportan una reducción en los homicidios dolosos durante el segundo trimestre del año, expertos locales advierten que los cambios son aún frágiles y que la presencia territorial de cárteles como el de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación sigue siendo dominante en gran parte del estado.

Alianzas prácticas en tiempos de crisis

El acercamiento entre Sheinbaum y García responde tanto a necesidades operativas como a una estrategia política más amplia. Para la presidenta, lograr avances concretos en seguridad y desarrollo en estados gobernados por la oposición es fundamental para sostener la narrativa de reconciliación y transformación nacional. Para la gobernadora, establecer una relación directa y funcional con el Ejecutivo federal le permite acceder a recursos, respaldo institucional y legitimidad frente a una ciudadanía cada vez más impaciente con la violencia.

En ese sentido, el respaldo de Libia García no debe interpretarse como una alianza política, sino como una apuesta pragmática en favor de la gobernabilidad. No obstante, el mensaje no ha pasado desapercibido entre las filas panistas, donde algunos sectores han acusado a la mandataria estatal de debilitar la línea crítica del partido frente a un gobierno que consideran autoritario.

A nivel nacional, el gesto podría ser leído como un ensayo de lo que podría ocurrir en otros estados con problemas similares, como Jalisco, Michoacán o Chihuahua, donde la colaboración entre niveles de gobierno es indispensable para enfrentar fenómenos criminales transnacionales.

Contrastes y desafíos compartidos

Guanajuato ha sido durante años uno de los principales focos de violencia en el país. Su geografía, su red industrial, la corrupción local y la fragmentación de sus cuerpos policiales han permitido que diversos grupos criminales encuentren refugio, financiamiento y capacidad de operación. A pesar de los esfuerzos federales, los resultados han sido limitados y la población mantiene una percepción de inseguridad persistente.

Frente a ese panorama, tanto Sheinbaum como García han coincidido en priorizar políticas públicas que combinen inteligencia criminal con programas de prevención social. El nuevo Centro Libre para las Mujeres, por ejemplo, fue inaugurado como un espacio multidisciplinario para atender a víctimas de violencia doméstica, con enfoque comunitario y articulación institucional entre DIF, salud, justicia y educación. El modelo, impulsado inicialmente en la Ciudad de México, será replicado en otros municipios con apoyo federal y seguimiento local.

Sin embargo, los retos estructurales persisten: policías municipales mal pagadas, fiscalías estatales rebasadas, jueces bajo presión y una ciudadanía con niveles cada vez más altos de desconfianza institucional. A eso se suma la tensión política constante entre gobiernos de signos opuestos, que puede entorpecer el flujo de información, operativos conjuntos y asignación de presupuesto.

Conclusión

El respaldo de una gobernadora panista a una presidenta morenista en medio de una de las crisis de seguridad más graves del país representa un hecho político notable. Más allá del gesto protocolario, lo ocurrido en Guanajuato pone en evidencia que la seguridad, el bienestar y la justicia requieren de alianzas prácticas por encima de intereses partidistas. Sin embargo, la profundidad del problema y la presión social por resultados tangibles colocan a ambas mandatarias en el centro de un desafío mayor: demostrar que la colaboración interinstitucional puede traducirse en paz, justicia y gobernabilidad real.

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