Estado defiende continuidad del modelo
El Gobierno de Guanajuato determinó que sus Bachilleratos Bivalentes Militarizados seguirán operando pese a la instrucción federal contra escuelas con formación militarizada para menores. La Secretaría de Educación estatal aseguró que se trata de un subsistema público de educación media superior, financiado con recursos estatales y creado mediante el Acuerdo Secretarial 117/2018.
La dependencia estatal también señaló que las carreras ofrecidas —Ciberseguridad, Protección Civil y Seguridad Ciudadana— cuentan con registro ante la SEP, ratificado recientemente. Con ese argumento, Guanajuato sostiene que la orden federal no aplica de la misma forma a su modelo de bachillerato.
SEP pidió cerrar escuelas militarizadas
La postura estatal contrasta con la instrucción de la SEP, que ordenó a las entidades garantizar que, para el ciclo escolar 2026-2027, ninguna institución opere bajo denominaciones como “militarizada”, “militar”, “castrense” o cualquier referencia a instrucción o disciplina de carácter militar. La medida federal fue anunciada tras la muerte de Dafne Zapata en una academia militarizada de Tamaulipas.
La SEP argumenta que la educación militar corresponde exclusivamente a instituciones de las Fuerzas Armadas y que las escuelas privadas o civiles no pueden justificar disciplina, castigos físicos o prácticas violentas bajo ese modelo.
Más de 3 mil 500 estudiantes
Guanajuato afirmó que busca dar certeza a más de 3 mil 500 estudiantes inscritos en sus seis bachilleratos militarizados. También sostuvo que el modelo combina formación académica con componentes de disciplina y carreras técnicas, no entrenamiento castrense formal.
El argumento estatal se centra en la continuidad educativa: cerrar los planteles de inmediato dejaría a miles de jóvenes sin opción clara al inicio del ciclo escolar. Sin embargo, la controversia sigue abierta porque el propio nombre y estructura del modelo chocan con la instrucción federal.
Choque entre estado y Federación
El caso puede abrir un conflicto administrativo entre la SEP y Guanajuato. La Federación ordena retirar modelos militarizados para menores; el estado sostiene que su subsistema público tiene registro, reglas propias y no entra en el mismo supuesto que academias privadas como Marina Doenitz.
La discusión no es menor. Después del caso Dafne, cualquier modelo que mezcle educación civil y disciplina militarizada quedará bajo lupa. Guanajuato apuesta por mantenerlo; la SEP tendrá que decidir si acepta la distinción o si exige cambios de fondo al subsistema.
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