Advertencia por derechos de audiencias

Human Rights Watch pidió al gobierno mexicano corregir los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias al considerar que representan una amenaza para la libertad de expresión. La organización advirtió que la propuesta otorgaría a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, dependiente del Ejecutivo, amplios poderes para multar a medios que difundan información supuestamente “falsa”, “descontextualizada” o “desactualizada”.

HRW sostuvo que la precisión periodística es importante, pero que el gobierno no debe encargarse de decidir si los medios hacen bien su trabajo. El riesgo, según la organización, es que la autoridad pueda convertirse en árbitro de la verdad y presionar a medios críticos.

Sheinbaum niega censura

Sheinbaum ha rechazado que los lineamientos busquen censurar. La presidenta afirma que el derecho de las audiencias está reconocido en el artículo 6 constitucional y que la consulta pública busca garantizar información plural, oportuna y verificada, además de mecanismos como códigos de ética y defensorías de audiencias.

La Presidencia también ha insistido en que no será el gobierno quien presente quejas, sino las audiencias, y que los propios medios deberán definir sus códigos de ética.

El punto delicado: quién decide

La preocupación central está en quién determina si una información es falsa, descontextualizada o histórica presentada como actual. El portal de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones establece que los medios tienen la obligación de no difundir ese tipo de contenidos, así como diferenciar publicidad de información.

Especialistas han advertido que esos conceptos, si quedan abiertos, pueden ampliar la intervención del Estado en contenidos editoriales y fomentar autocensura por miedo a sanciones económicas.

No es censura pero lo parece

El gobierno dice que busca proteger a las audiencias. HRW advierte que puede terminar castigando a medios por criterios definidos desde el poder. Ahí está el choque: una regulación legítima en apariencia puede volverse peligrosa si deja al Estado decidir qué información merece multa.

Si la autoridad quiere evitar sospechas de censura, tendrá que recortar facultades ambiguas, blindar independencia del regulador y garantizar que ningún medio sea sancionado por criterios políticos disfrazados de derechos de audiencia.

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