El Instituto Nacional Electoral (INE) de México se prepara para organizar las elecciones judiciales de junio de 2025 con un presupuesto significativamente recortado. El Congreso aprobó una reducción de 13,476 millones de pesos, lo que representa más del 30% del monto originalmente solicitado por el organismo electoral.

Este ajuste presupuestal ha generado preocupación entre los consejeros del INE, quienes advierten que la disminución de recursos podría afectar la calidad y eficacia del proceso electoral. Entre las medidas contempladas para enfrentar esta situación se encuentran la reducción del número de centros de votación y la disminución de personal capacitador, lo que podría impactar la participación ciudadana y la transparencia de los comicios.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha expresado que, a pesar de las limitaciones financieras, el instituto está comprometido con la realización de las elecciones en la fecha prevista. Sin embargo, ha solicitado al Senado una prórroga de 90 días para llevar a cabo los comicios, argumentando que el tiempo adicional permitiría una mejor organización y garantizaría la integridad del proceso electoral.

La elección judicial, que incluye la selección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, es un proceso inédito en México y ha sido objeto de debate y controversia. La reducción presupuestal añade un desafío adicional, poniendo a prueba la capacidad del INE para adaptarse y asegurar elecciones libres y justas en un contexto de recursos limitados.

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