El 30 de marzo de 2025 marcó el inicio de un proceso electoral inédito en México: las campañas para la elección de diversos cargos dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF). Este acontecimiento es resultado de una reforma judicial aprobada en 2024, que establece la elección popular de jueces, magistrados y ministros, transformando radicalmente el sistema de designación previamente vigente. Las campañas tendrán una duración de 60 días, concluyendo el 28 de mayo, y las elecciones se llevarán a cabo el 1 de junio.

Cargos en disputa y candidatos

En esta contienda electoral, se elegirán un total de 881 cargos federales, distribuidos de la siguiente manera:

• 9 ministros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
• 5 magistrados para el Tribunal de Disciplina Judicial.
• 2 magistrados para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
• 15 magistrados para las salas regionales del TEPJF.
• 464 magistrados de circuito.
• 386 jueces de distrito.

Para estos puestos, se han registrado 3,422 candidatos, quienes buscarán el voto de los ciudadanos en una elección sin precedentes en el país.

Reglas y restricciones impuestas por el INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha establecido una serie de lineamientos estrictos para garantizar la equidad y transparencia en estas campañas:

• Prohibición de actos masivos y publicidad en medios: Los candidatos no podrán realizar mítines multitudinarios, contratar espacios en medios de comunicación ni utilizar espectaculares o vallas publicitarias.
• Uso limitado de recursos: Las campañas no contarán con financiamiento público. Los candidatos deberán financiar sus actividades con recursos propios, sujetos a un tope de gasto de 220,000 pesos.
• Estrategias de promoción permitidas: Se permite la distribución de propaganda impresa en papel reciclable y biodegradable, entregada de manera directa a los ciudadanos. Además, los candidatos pueden hacer uso de sus redes sociales y participar en foros y entrevistas para dar a conocer sus propuestas.
• Participación de instituciones religiosas: La Iglesia Católica ha ofrecido sus canales de comunicación para difundir propuestas enfocadas en derechos humanos, siempre y cuando se respete la laicidad del Estado y no se favorezca a ningún candidato en particular.

Desafíos y expectativas

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha señalado que uno de los principales retos de este proceso es lograr una alta participación ciudadana. Se estima que entre el 8% y el 15% de los cerca de 99 millones de mexicanos con derecho a voto participen en estas elecciones, lo que representa un desafío significativo para la legitimidad del proceso. La novedad del ejercicio, el poco conocimiento de los votantes sobre los perfiles en contienda, y la complejidad de evaluar propuestas judiciales podrían limitar la afluencia a las urnas.

Además, diversos sectores han expresado preocupaciones sobre el riesgo de politización del Poder Judicial. Aunque la reforma busca democratizar su integración, críticos advierten que las campañas podrían reducirse a concursos de popularidad, restando méritos técnicos y jurídicos a los perfiles.

Conclusiones

El arranque de las campañas judiciales marca un momento histórico para México. Por primera vez, los ciudadanos tendrán en sus manos la decisión directa sobre quiénes ocuparán los principales cargos del aparato judicial federal. Si bien el proceso enfrenta desafíos logísticos, éticos y de participación, también representa una oportunidad para acercar la justicia a la ciudadanía y fomentar la rendición de cuentas. El éxito o fracaso de esta reforma dependerá no solo de las reglas impuestas, sino del compromiso de los candidatos, las instituciones y, sobre todo, del interés ciudadano.

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