Contexto y evolución histórica
El mes de julio de 2025 marcó un hito en materia de seguridad pública en México al registrar la cifra más baja de homicidios dolosos desde 2015. De acuerdo con el informe oficial presentado por el gobierno federal, el promedio diario de asesinatos se redujo a 64.9 casos, lo que representa una disminución del 25.3 % en comparación con septiembre de 2024. Esto equivale a 22 homicidios menos cada día, una reducción que no se observaba en el país en al menos una década.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que estos resultados no son producto de una variación coyuntural, sino de una estrategia de seguridad integral aplicada de forma sostenida durante los primeros diez meses de su administración. El objetivo, aseguró, es combatir la violencia de raíz y consolidar una tendencia a la baja en los principales indicadores delictivos.
Estrategia Nacional de Seguridad
La Estrategia Nacional de Seguridad implementada por el actual gobierno se articula en cuatro ejes centrales: atención a las causas sociales de la violencia, fortalecimiento de la Guardia Nacional, mejora de las capacidades de inteligencia y coordinación efectiva entre autoridades de los tres niveles de gobierno.
En términos operativos, se han intensificado las intervenciones en municipios con mayor incidencia criminal, reforzando la presencia de fuerzas federales y mejorando los mecanismos de investigación para identificar y desarticular estructuras delictivas. Esta estrategia ha permitido avances notables en entidades como Guanajuato, Nuevo León, Estado de México, Baja California y Tabasco, donde se registraron reducciones de entre el 35 % y el 72 % en el número de homicidios en los últimos meses.
Distribución geográfica de la violencia
A pesar de la reducción generalizada, la violencia letal sigue concentrándose en ciertos estados. Siete entidades federativas acumulan más de la mitad de los homicidios registrados en lo que va del año: Guanajuato, Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Estado de México, Guerrero y Michoacán.
En el mes de julio, Chihuahua encabezó la lista de estados con mayor número de asesinatos, seguido de Sinaloa y Guanajuato. Estos territorios, considerados estratégicos para diversas organizaciones criminales, siguen siendo prioritarios en la agenda de seguridad federal.
Operativos y resultados
En el periodo comprendido entre el 18 de julio y el 10 de agosto de 2025, las autoridades realizaron operativos que derivaron en la detención de más de 2,400 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de 901 armas de fuego, la incautación de 12 toneladas de droga y la destrucción de 65 laboratorios clandestinos.
Desde el inicio del actual sexenio, se han inhabilitado más de 1,200 laboratorios, asegurado casi 15,000 armas y decomisado más de 200 toneladas de drogas, incluyendo millones de dosis de fentanilo. Estos resultados forman parte de una ofensiva directa contra las capacidades logísticas y financieras del crimen organizado.
El desafío de la extorsión
El avance en la reducción de homicidios contrasta con el incremento de otros delitos, particularmente la extorsión. Durante el mismo periodo, este ilícito registró un aumento del 25.4 %. En respuesta, el gobierno federal puso en marcha el pasado 6 de julio la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que incluye líneas de denuncia anónima, operaciones encubiertas y la persecución de redes financieras vinculadas a este delito.
En las primeras semanas de operación, se recibieron más de 18,000 llamadas de alerta, lo que permitió frustrar más de la mitad de los intentos de extorsión reportados y detener a más de un centenar de presuntos responsables.
Perspectivas y retos
Las autoridades consideran que la reducción en los homicidios es un avance sustancial en la recuperación de la paz pública. Sin embargo, también reconocen que la violencia en ciertas regiones y el repunte de la extorsión muestran que los desafíos persisten. La estrategia gubernamental busca ahora consolidar la baja en asesinatos, contener el alza de otros delitos y mantener la coordinación con estados y municipios para evitar retrocesos.
El informe presentado se interpreta como un balance positivo, pero aún provisional. Los especialistas advierten que para transformar estas cifras en una mejora sostenida será necesario un compromiso a largo plazo, inversión constante en capacidades policiales y atención integral a los factores sociales que alimentan la criminalidad.
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