Identificar al cliente ya no será suficiente
México modificó las reglas operativas de su Ley Antilavado para exigir que quienes realizan actividades vulnerables evalúen sus operaciones mediante un Enfoque Basado en Riesgo. El Acuerdo 115/2026 fue publicado el 7 de agosto y tendrá entrada en vigor general el 30 de noviembre.
El cambio significa que el cumplimiento dejará de depender únicamente de solicitar identificaciones y presentar avisos. Los negocios deberán valorar factores como cliente, producto, canal de operación y ubicación geográfica, además de documentar cómo llegaron a esa clasificación.
Inmobiliarias y joyerías deberán invertir en controles internos
La LFPIORPI considera actividades vulnerables operaciones como desarrollo y comercialización inmobiliaria, venta de vehículos, metales y joyería, obras de arte y determinados servicios profesionales. El SAT también confirmó desde la reforma de 2025 nuevas obligaciones para desarrolladores que reciben recursos destinados a proyectos inmobiliarios.
Para esos negocios, el cambio puede traducirse en gasto adicional en personal especializado, expedientes, capacitación y sistemas de monitoreo. El SAT mantiene facultades para sancionar incumplimientos relacionados con identificación, avisos y conservación de información.
El beneficiario real deberá quedar documentado
Otro punto es la identificación del Beneficiario Controlador detrás de una persona moral. Desde julio de 2025 ya no basta una simple constancia cuando la ley exige obtener documentación que permita conocer a la persona física que finalmente controla o se beneficia de la operación.
Las nuevas reglas desarrollan además la clasificación de clientes por riesgo y refuerzan el seguimiento de operaciones, lo que acerca a los sectores no financieros a procedimientos de conocimiento del cliente utilizados desde hace años dentro del sistema financiero.
El calendario reparte el costo hasta 2028
La aplicación será gradual. La evaluación de riesgos, los manuales internos y nuevas reglas de conocimiento del cliente serán exigibles desde marzo de 2027; los mecanismos automatizados deberán operar desde junio y el primer periodo sujeto a auditoría corresponderá a 2028.
El verdadero impacto financiero comenzará a verse antes de esas fechas, cuando las empresas presupuesten tecnología, capacitación y asesoría para adaptarse. El nuevo riesgo para estos negocios será doble: quedar expuestos al lavado de dinero o gastar demasiado tarde en los controles necesarios para evitarlo.
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