Un municipio paralizado por el asesinato de su alcalde

Uruapan, Michoacán, amaneció prácticamente paralizado a una semana del asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez. Miles de habitantes —comerciantes, trabajadores, estudiantes, integrantes de cámaras empresariales y organizaciones civiles— salieron a las calles en la denominada “Marcha por la Paz y la Justicia” para exigir castigo a los responsables y un alto a la violencia que desde hace años golpea a la región.

La marcha, que avanzó por las principales avenidas de la ciudad, fue descrita por medios locales y nacionales como una de las movilizaciones más numerosas registradas en la historia reciente de Uruapan, con estimaciones que van de decenas de miles hasta alrededor de 70 mil participantes.

Vestidos en su mayoría de blanco y portando pancartas con mensajes como “Ni uno más”, “Uruapan merece paz” y “El gobierno lo mató”, los manifestantes corearon consignas contra la inseguridad, la impunidad y la ausencia de resultados efectivos de los tres niveles de gobierno.

El asesinato de Carlos Manzo: un crimen que encendió la indignación

El origen de la protesta está en el asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del 1 de noviembre de 2025, durante las festividades de Día de Muertos. El edil fue atacado a tiros en una plaza pública mientras encabezaba el encendido de velas, en un evento abarrotado de familias.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Fiscalía de Michoacán, el presunto autor material fue identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un joven de 17 años originario de Paracho, quien habría disparado al menos seis veces contra el presidente municipal. Pruebas forenses de rodizonato de sodio y testimonios de familiares y allegados del joven confirmaron su participación, así como su consumo de metanfetaminas.

Las líneas de investigación apuntan a que el crimen estaría vinculado al crimen organizado, en particular a grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y células locales como Los Viagras, que han disputado el control de la región y han utilizado la extorsión a productores agrícolas como fuente clave de financiamiento.

El caso ha sido interpretado por analistas como un atentado con “sello narco”, donde la vulnerabilidad de un acto público masivo dejó expuestas graves fallas en las estrategias de protección de autoridades locales, estatales y federales.

Uruapan, un epicentro de violencia en Michoacán

Lejos de tratarse de un hecho aislado, el asesinato del alcalde ocurre en un municipio que figura desde hace años entre los más violentos del estado. Informes recientes ubican a Uruapan en los primeros lugares de homicidios dolosos en Michoacán, mientras que encuestas de percepción de seguridad revelan que una mayoría de habitantes se siente insegura al vivir en la ciudad.

Aunque las autoridades estatales han destacado durante 2025 una disminución porcentual en homicidios en el conjunto de Michoacán, esta reducción no ha logrado traducirse en una sensación de tranquilidad para regiones como Uruapan, donde persisten enfrentamientos armados, extorsiones a productores de aguacate y a pequeños comercios, así como desplazamientos de familias por la violencia.

En ese contexto, la figura de Manzo había cobrado relevancia porque, de acuerdo con registros de solicitudes y oficios oficiales, pidió apoyo federal al menos en diez ocasiones a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, para que se atendieran delitos de alto impacto y amenazas específicas en el municipio.

Una marcha que se convierte en paro cívico

La “Marcha por la Paz y la Justicia” se transformó rápidamente en un paro cívico. Cámaras empresariales, comercios, escuelas y distintos sectores productivos acordaron suspender actividades para enviar un mensaje de unidad y presión política.

Los contingentes avanzaron de forma ordenada, algunos con globos blancos y fotografías del alcalde asesinado. Entre los participantes destacaron organizaciones de comerciantes, cámaras de la industria aguacatera, colectivos ciudadanos y vecinos de colonias populares que han resentido directamente las extorsiones y los cobros de “cuota” por parte del crimen organizado.

Las consignas apuntaron no sólo al gobierno municipal, sino también al gobierno estatal y al federal, reclamando falta de coordinación, tardanza en la reacción y ausencia de resultados concretos frente a la presencia de grupos criminales en la zona. “Él no murió, el gobierno lo mató” fue una de las frases que más se repitió durante la movilización, en referencia a la percepción de que el Estado dejó solo al alcalde pese a las reiteradas peticiones de apoyo.

La respuesta de la alcaldesa sustituta, Grecia Quiroz

En el mitin realizado al término de la marcha, la alcaldesa sustituta Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, dirigió un mensaje a los asistentes. En su intervención, dejó claro que su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum no fue para “doblar las manos”, sino para exigir justicia, reforzar la presencia de fuerzas federales y diseñar estrategias para contener a los grupos delictivos que operan en el municipio.

Quiroz prometió continuar el legado de su esposo, anunció que no tolerará más extorsiones ni amenazas contra productores, comerciantes y ciudadanía, y se comprometió a manejar la administración municipal con transparencia y firmeza. Al mismo tiempo, llamó a la población a mantenerse organizada, a documentar y denunciar los delitos, y a no permitir que el miedo desmovilice la exigencia de justicia.

La figura de la alcaldesa sustituta, que llega al cargo en medio del duelo y de la crispación social, se perfila así como un actor clave en la gobernabilidad del municipio, aunque su margen de maniobra dependerá de la capacidad del gobierno estatal y federal de respaldar con hechos —y no sólo discursos— la seguridad en Uruapan.

El papel del gobierno estatal y federal

El asesinato de Manzo ha tensado la relación entre los distintos niveles de gobierno. Desde el ámbito federal, se ha cuestionado la actuación del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en el control de la violencia en la entidad, pese a la presencia de fuerzas federales.

Al mismo tiempo, reportes periodísticos y verificaciones independientes han mostrado que las advertencias y solicitudes de apoyo enviadas por el alcalde a instancias federales no siempre se tradujeron en operativos concretos o de largo alcance, lo que contribuyó a la percepción de abandono institucional.

La desinformación en redes sociales ha complicado aún más el panorama. Plataformas de verificación han documentado videos sacados de contexto y versiones falsas que intentan diluir responsabilidades o culpar a actores específicos sin sustento, lo que ha obligado a organizaciones civiles y medios de comunicación a intensificar esfuerzos para clarificar lo ocurrido.

Asesinatos de alcaldes: una tendencia preocupante

El crimen contra Manzo se inserta en una tendencia nacional alarmante: en los últimos nueve años, más de 100 alcaldes, exalcaldes y autoridades municipales han sido asesinados en México, muchos de ellos en contextos de disputa territorial entre cárteles o por resistirse a la cooptación del crimen organizado.

Esta ola de violencia contra autoridades locales revela la vulnerabilidad estructural de los municipios, que suelen contar con cuerpos policiales mal pagados, insuficientemente capacitados y, en algunos casos, infiltrados por grupos criminales. La falta de una política nacional sólida de protección a autoridades municipales y de fortalecimiento de policías locales aumenta la exposición de los alcaldes que se enfrentan a intereses delictivos.

El asesinato de Manzo vuelve a colocar en el centro del debate la necesidad de replantear los mecanismos de coordinación entre Federación, estados y municipios, así como el diseño de esquemas específicos de protección para alcaldes en zonas de alta conflictividad.

Desafíos y perspectivas para Uruapan

Tras la marcha, Uruapan se encuentra en una encrucijada. Por un lado, la movilización ciudadana muestra un tejido social dispuesto a organizarse y a levantar la voz contra la violencia y la impunidad. Por otro, el riesgo de que el descontento se diluya si no se ven resultados tangibles es elevado.

Los desafíos son múltiples:

• Garantizar una investigación exhaustiva que esclarezca no sólo la autoría material, sino las cadenas de mando y financiamiento detrás del asesinato.
• Reforzar la presencia de fuerzas de seguridad, evitando que los operativos sean meramente temporales o reactivos.
• Proteger a funcionarios municipales y líderes sociales que puedan convertirse en nuevos objetivos de la delincuencia.
• Atender las causas económicas y sociales que permiten al crimen organizado reclutar jóvenes, como ocurrió con el presunto autor material de 17 años.

La marcha por la paz y la justicia no resuelve por sí sola el problema, pero envía un mensaje contundente: la ciudadanía de Uruapan no está dispuesta a normalizar el asesinato de sus autoridades ni la captura del territorio por parte de grupos criminales. La forma en que respondan los gobiernos en las próximas semanas y meses será determinante para saber si este clamor ciudadano se traduce en cambios estructurales o se queda como una fotografía más de la crisis de seguridad en México.

Conclusión

La marcha masiva en Uruapan, detonada por el asesinato de Carlos Manzo, se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a la violencia y la impunidad. El paro cívico, la participación de amplios sectores sociales y el discurso de una alcaldesa viuda que promete no ceder ante la delincuencia colocan al municipio en el centro de la conversación nacional sobre seguridad y gobernabilidad.

Más allá de la indignación, el caso exhibe fallas de coordinación intergubernamental, la debilidad de los municipios frente al crimen organizado y la necesidad urgente de una política integral de protección a autoridades locales. Uruapan envía un mensaje claro: sin justicia ni seguridad, la vida democrática en los municipios queda a merced de las balas.

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Referencias

• La Jornada: “Multitudinaria marcha en Uruapan en exigencia de justicia por asesinato del alcalde Carlos Manzo”.
• N+ / Foro TV: “Concluye Marcha por la Paz y la Justicia; 70 mil personas salieron a las calles en Uruapan”.
• El País: “Un atentado con el sello del Cártel Jalisco, un pistolero suicida y un gobernador ‘distraído’ confluyen como pistas del crimen contra Carlos Manzo”.
• El País: “Identificado el cuerpo de Víctor Manuel N., de 17 años, autor material del asesinato de Carlos Manzo”.
• Animal Político: “Carlos Manzo: el alcalde asesinado pidió apoyo federal al menos diez veces ante la violencia en Uruapan”.
• Verificado: “Desinformaciones sobre el asesinato de Carlos Manzo”.
• Yahoo Noticias / ENSU: “Uruapan, entre los municipios más violentos de Michoacán”.
• La Verdad Juárez: “En 9 años, 106 alcaldes han sido asesinados en México”.

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