Gobernadora vuelve a explicar audios
Marina del Pilar Ávila volvió a explicar los audios filtrados sobre su intento de recuperar la visa estadounidense. La gobernadora de Baja California afirmó que las conversaciones ocurrieron en 2025, en el contexto de la cancelación y posterior trámite de su visa de turista, y aseguró que recurrió a personas que decían poder orientarla legalmente.
La mandataria reconoció que el 15 de diciembre de 2025 sostuvo una reunión con un supuesto gestor y una llamada con un supuesto agente, pero negó haber sostenido una reunión en Panamá con autoridades extranjeras.
Niega negociación con Estados Unidos
Marina del Pilar insistió en que no negoció con autoridades estadounidenses ni entregó información sensible de seguridad nacional. También sostuvo que su trámite de visa es un asunto personal y que los audios fueron manipulados o usados con fines políticos.
El caso ha generado presión porque las grabaciones sugieren conversaciones sobre posibles contactos con supuestos representantes estadounidenses. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación pública del FBI, el Departamento de Justicia u otra agencia sobre una investigación formal contra la gobernadora.
Supuesto engaño y guerra política
La gobernadora ha señalado que fue engañada por un supuesto gestor y ha atribuido la difusión de los audios a una maniobra política. En versiones anteriores también apuntó contra el exgobernador Jaime Bonilla, a quien acusó de estar detrás de una trampa para desacreditarla.
El problema es que la explicación no cierra todas las dudas. Aún falta saber quiénes eran los interlocutores, qué información se discutió, por qué se hablaba de agencias estadounidenses y si el gobierno federal conocía esos contactos.
Crisis abierta en Baja California
Aunque Marina del Pilar busca presentar el caso como un trámite personal de visa, la polémica ya escaló a un tema de seguridad, soberanía y confianza pública. La oposición ha exigido investigaciones, mientras el gobierno federal ha pedido explicaciones sin anunciar hasta ahora una acción judicial directa.
Los audios siguen siendo un desgaste político para la gobernadora. Su defensa se basa en que no negoció ni entregó información sensible, pero la presión continuará mientras no se aclare completamente quién la contactó y con qué objetivo.
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