México se niega a dejar de usar efectivo, pero sí usa apps El gobierno mexicano ha presentado la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030, una estrategia que busca ampliar el acceso y uso de productos financieros, reducir la dependencia del efectivo y expandir el crédito tanto para empresas como para hogares. Sin embargo, especialistas del sector y organismos internacionales coinciden en que estos objetivos difícilmente se materializarán sin una interoperabilidad plena entre los distintos sistemas financieros, incluyendo pagos, ahorro, crédito y el procesamiento de remesas. La crítica central señala que México puede continuar abriendo cuentas bancarias y ofreciendo servicios financieros básicos, pero esto no garantiza que las personas los utilicen efectivamente o que puedan mover su dinero entre diferentes plataformas sin enfrentar fricciones significativas. Según el análisis de la Interledger Foundation, México cuenta con una infraestructura financiera digital sólida —que incluye pagos en tiempo real, un ecosistema fintech dinámico y una creciente penetración de telefonía móvil—, pero la ausencia de estándares abiertos y de conexiones reales entre plataformas provoca que muchos usuarios regresen finalmente al uso de efectivo. Este fenómeno ocurre cuando un sistema de pago digital no se integra con otros servicios financieros, cuando una remesa recibida no puede convertirse fácilmente en ahorro o crédito, o cuando un pequeño comercio necesita múltiples aplicaciones y credenciales que no se comunican entre sí. Briana Marbury, directora ejecutiva de Interledger, identifica tres cuellos de botella críticos: la conectividad rural limitada, los costos y la usabilidad para pequeños comercios, y fundamentalmente la falta de interoperabilidad entre sistemas. Aunque la Política Nacional de Inclusión Financiera reconoce la importancia estratégica de la interoperabilidad, no detalla un plan operativo concreto para construirla. El documento menciona estándares abiertos y promueve los pagos digitales, pero no establece un cronograma específico de implementación, una arquitectura nacional de “rieles abiertos” compartidos ni una estrategia para evitar la creación de nuevos “silos digitales”, donde cada servicio financiero opera de manera aislada con sus propias reglas, aplicación y base de información. Los analistas frecuentemente contrastan esta situación con el éxito del sistema Pix en Brasil, donde el banco central diseñó e implementó una infraestructura única y obligatoria para todas las instituciones bancarias y aplicaciones financieras, evitando que cada actor desarrollara su solución independiente. Esta red común impidió la formación de silos y permitió que cualquier usuario pudiera enviar y recibir dinero instantáneamente sin importar la plataforma utilizada, acelerando la adopción masiva de pagos digitales y reduciendo significativamente el uso de efectivo. México permanece rezagado en comparación con otras economías de la región en materia de adopción de pagos digitales, manteniéndose el efectivo como el medio predominante para la mayoría de las transacciones cotidianas. Iniciativas como CoDi o DiMo no han logrado desplazar sustancialmente al efectivo ni acelerar la adopción generalizada de pagos electrónicos. Ante estas críticas, la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas —uno de los órganos sectoriales involucrados en la implementación de la PNIF— reconoce el desafío, pero subraya que el país cuenta con bases sólidas para avanzar. La organización señala que la regulación de interfaces de programación de aplicaciones estandarizadas derivada de la Ley Fintech y la evolución hacia el sistema SPEI 2.0, diseñado para fortalecer rieles abiertos y estándares comunes, constituyen los cimientos para construir la interoperabilidad necesaria. Unifimex afirma que, aunque la PNIF no incluye un cronograma técnico detallado, existen mecanismos de coordinación entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda donde se ajustan normas y se integran opiniones técnicas de bancos y empresas fintech. La entidad reconoce explícitamente el riesgo real de crear “islas digitales” si los servicios financieros no se comunican entre sí, y sostiene que la política promueve elementos centrales como portabilidad, estandarización de datos y neutralidad tecnológica. Luis Hernández Rangel, director ejecutivo de Actinver, insiste en que la digitalización financiera solo generará inclusión real si los servicios actualmente dispersos —pagos, transferencias, inversiones, ahorro, seguros— pueden conectarse bajo reglas comunes. El ejecutivo argumenta que si los usuarios deben emplear cinco aplicaciones diferentes para cinco necesidades financieras distintas, probablemente no utilizarán ninguna, enfatizando que la interoperabilidad no es solo un desafío técnico, sino también una cuestión de experiencia de usuario y competencia efectiva. Hernández Rangel señala que tanto SPEI 2.0 como la regulación de APIs representan una oportunidad histórica para democratizar productos de inversión y ahorro, siempre que esta capa de infraestructura se diseñe como un bien público digital accesible y no como un conjunto de soluciones cerradas y fragmentadas, patrón que ha caracterizado el desarrollo del sector hasta el momento.
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