Un panorama de violencia institucional
México se ha convertido en el país más peligroso del mundo para funcionarios públicos a nivel local. Según el más reciente informe del proyecto Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), durante 2024 se registraron más de 340 incidentes de violencia dirigidos contra alcaldes, regidores, síndicos y trabajadores municipales. Este nivel de agresiones supera incluso el de naciones inmersas en conflictos armados, como Myanmar o Nigeria, lo que refleja la gravedad de la crisis de seguridad en el país.
El informe destaca que la violencia contra autoridades locales no solo es persistente, sino que ha aumentado de manera significativa respecto al año anterior. En 2023 se documentaron poco más de 260 incidentes, mientras que en 2024 la cifra se incrementó en casi un 30 por ciento. La mayoría de estos ataques son cometidos por grupos del crimen organizado que buscan influir, controlar o castigar decisiones gubernamentales a nivel municipal.
Crimen organizado y control territorial
La violencia contra funcionarios no es un fenómeno aleatorio, sino un mecanismo deliberado de dominación territorial. Los cárteles de la droga y otras organizaciones criminales recurren a amenazas, atentados y asesinatos para asegurar la colaboración de gobiernos municipales o para desestabilizarlos cuando estos se niegan a cooperar.
Los estados más afectados —Guerrero, Michoacán, Veracruz, Guanajuato y Sinaloa— coinciden con regiones donde las disputas entre grupos criminales son más intensas. La lucha entre organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras o La Familia Michoacana se libra no solo en las calles, sino en los cabildos municipales. Alcaldes y regidores que se rehúsan a entregar contratos, cobrar cuotas o permitir operaciones ilegales son comúnmente objeto de represalias violentas.
Uno de los casos más recientes fue el asesinato de Martha Laura Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, Michoacán, quien fue acribillada junto a su esposo frente a su domicilio. En Guerrero, el presidente municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos, fue decapitado tras negarse a pactar con grupos criminales. Estos crímenes no solo aterran a otros servidores públicos, sino que tienen efectos paralizantes en la administración pública local.
Fallas del Estado y erosión institucional
La persistencia de estos ataques es también reflejo de una profunda debilidad institucional. En muchos municipios, las policías locales carecen del equipamiento, la capacitación o la independencia necesarias para enfrentar a los grupos delictivos. Las fiscalías estatales, por su parte, enfrentan limitaciones estructurales y, en algunos casos, presiones políticas que impiden investigar o castigar estos crímenes de manera efectiva.
La falta de castigo fomenta la impunidad. De los más de 340 casos documentados en 2024, solo una fracción ha derivado en detenciones o procesos judiciales. Esta inacción ha normalizado el riesgo de muerte en el ejercicio de cargos públicos locales, convirtiendo a la política municipal en una actividad de alto riesgo.
Además, la violencia tiene efectos colaterales en la vida democrática. Muchos ciudadanos temen postularse a cargos de elección popular o participar en campañas, lo que limita la competencia electoral y fortalece redes de poder ligadas al crimen. En contextos donde la elección de autoridades se da bajo coerción, la democracia pierde legitimidad.
Expectativas para 2025
Si bien el inicio de 2025 ha mostrado una ligera disminución en el número de ataques registrados, expertos advierten que la tendencia podría repuntar conforme se acerquen nuevas elecciones locales. La reconfiguración política tras las elecciones presidenciales de 2024 ha modificado alianzas a nivel estatal y municipal, generando vacíos de poder que los cárteles pueden intentar ocupar.
La violencia contra funcionarios seguirá siendo una amenaza si no se implementan reformas estructurales que fortalezcan las capacidades de los gobiernos locales, profesionalicen sus cuerpos policiales y garanticen condiciones mínimas de seguridad para quienes ocupan cargos públicos.
Conclusión
México atraviesa una crisis de violencia política que ha dejado a los funcionarios locales en una posición de extrema vulnerabilidad. Lo que antes era un fenómeno focalizado se ha convertido en un patrón nacional que atenta contra la gobernabilidad, la democracia y el Estado de derecho. En ausencia de una respuesta coordinada entre los tres niveles de gobierno, la violencia continuará debilitando los pilares institucionales del país desde sus cimientos más cercanos a la ciudadanía.
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