Contexto: una elección judicial sin precedentes

El próximo 1 de junio de 2025, México celebrará por primera vez en su historia una elección judicial en la que se designarán por voto popular cerca de 3,000 cargos entre jueces, magistrados y ministros a nivel federal y local en 19 estados. Esta reforma, impulsada por el partido oficialista Morena, tiene como objetivo transformar el Poder Judicial, buscando erradicar prácticas de corrupción, tráfico de influencias y nepotismo. Sin embargo, el proceso ha estado marcado por fuertes controversias, entre ellas denuncias contra aspirantes con presuntos vínculos con el crimen organizado o antecedentes éticamente cuestionables.

Impugnaciones por falta de idoneidad

El 4 de mayo de 2025, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, y Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, interpusieron recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar al menos 20 candidaturas al Poder Judicial. Los legisladores argumentaron que estos candidatos no reúnen las condiciones mínimas de probidad, honestidad y conducta ética que exige el cargo, y que su inclusión en las boletas electorales representa un riesgo para la integridad del sistema judicial mexicano.

Entre los señalados figuran individuos con antecedentes penales, aspirantes vinculados a defensas legales de miembros de cárteles como el de Sinaloa o Los Zetas, e incluso personas investigadas por violencia de género o nexos con agrupaciones religiosas fundamentalistas. Según Fernández Noroña, no se trata únicamente de “narcoaspirantes”, sino de una muestra clara de cómo ciertos actores han buscado incrustarse en el aparato de justicia para proteger intereses ilícitos.

Debate sobre la validez de las candidaturas

Aunque las boletas para la elección ya fueron impresas, los legisladores sostienen que es jurídicamente viable retirar candidaturas antes del día de la jornada si el TEPJF así lo resuelve. Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha señalado que no tiene facultades para impedir la participación de los aspirantes impugnados el día de la elección, pero sí podrá tomar en cuenta sus antecedentes al momento de validar los resultados y otorgar las constancias de mayoría correspondientes.

El TEPJF se encuentra ahora ante el reto de evaluar las pruebas presentadas, que incluyen declaraciones ministeriales, registros públicos y evidencias documentales. La resolución que emita podría sentar un precedente importante sobre los criterios de selección en una elección de esta magnitud, y definir hasta qué punto la ética debe prevalecer sobre la legalidad formal.

Conclusión

La inédita elección judicial en México se ha convertido en un campo de disputa por la legitimidad y la moralidad del sistema de justicia. Las impugnaciones presentadas por Fernández Noroña y Gutiérrez Luna no solo evidencian las fisuras en el proceso de selección de candidatos, sino que también alertan sobre la penetración de intereses criminales en las estructuras judiciales. Más allá del resultado inmediato, el proceso representa una oportunidad para repensar el papel del Poder Judicial en la democracia mexicana y garantizar que quienes lo integren lo hagan con integridad, compromiso y responsabilidad.

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