Debate sobre salud pública y recaudación
Diversas organizaciones civiles y grupos de salud pública en México exhortaron al Senado a mantener el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a refrescos y bebidas azucaradas, ante la posibilidad de que el gravamen sea reducido o eliminado durante la discusión presupuestal. Las agrupaciones advierten que retroceder en esta política fiscal representaría un grave riesgo para la salud pública y para las finanzas del sistema de salud.
El impuesto, vigente desde 2014, fue diseñado como una medida para desincentivar el consumo de azúcar y disminuir la incidencia de enfermedades relacionadas con la obesidad y la diabetes. Según datos de la Secretaría de Salud, México sigue entre los países con mayor consumo per cápita de bebidas azucaradas en el mundo, lo que contribuye a más de 230 mil nuevos casos de diabetes tipo 2 cada año.
Argumentos de las organizaciones civiles
Las organizaciones firmantes del llamado —entre ellas la Alianza por la Salud Alimentaria, El Poder del Consumidor y la Fundación Mídete— sostienen que el impuesto no solo ha tenido un efecto disuasorio en el consumo, sino que también genera ingresos públicos indispensables para financiar programas de salud preventiva.
Según sus cálculos, la reducción en la compra de refrescos ha sido de entre 5 % y 10 % en los sectores de bajos ingresos, los más vulnerables a las enfermedades crónicas no transmisibles. Aun así, las ONGs advierten que los avances logrados podrían revertirse si se cede ante las presiones de las grandes refresqueras, que buscan flexibilizar el gravamen argumentando afectaciones económicas y pérdida de empleos.
Posición de la industria y del Congreso
Las empresas del sector, representadas por asociaciones como la ANPRAC (Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas), sostienen que el impuesto no ha tenido impacto significativo en la reducción del consumo y que, en cambio, ha afectado las ventas, la producción y el empleo en comunidades dependientes de la industria.
Algunos legisladores, particularmente de estados con fuerte presencia de embotelladoras, se han mostrado receptivos a los argumentos empresariales. No obstante, otros sectores del Congreso insisten en que el interés público y la salud deben prevalecer sobre las presiones corporativas. En este contexto, el debate en el Senado se perfila como un nuevo campo de disputa entre el poder económico y la política sanitaria.
Impacto económico y sanitario
Desde su implementación, el impuesto ha recaudado más de 300 mil millones de pesos, lo que lo convierte en una fuente importante de ingresos federales. Sin embargo, los recursos asignados específicamente a programas de salud han sido menores de lo esperado, lo que ha generado críticas sobre su uso y transparencia.
A nivel sanitario, diversos estudios del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Universidad Autónoma Metropolitana indican que el gravamen sí ha contribuido a una reducción sostenida en el consumo de bebidas azucaradas, especialmente en hogares de bajos ingresos. Aun así, los índices de obesidad y diabetes continúan en niveles alarmantes, lo que sugiere que la medida fiscal debe acompañarse de estrategias más amplias de educación nutricional y acceso a agua potable.
Desafíos y perspectivas
El reto para el gobierno y el Congreso radica en equilibrar la salud pública con las presiones económicas de la industria. Analistas del sector fiscal advierten que una eventual reducción del impuesto enviaría un mensaje contradictorio respecto a las políticas de prevención de enfermedades crónicas, mientras que mantenerlo podría consolidar a México como referente en materia de regulación del consumo de azúcar.
Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud han reconocido el modelo mexicano como ejemplo regional de política fiscal con impacto sanitario, destacando su efecto en la conciencia pública sobre el exceso de azúcar en la dieta. No obstante, la aplicación de los recursos recaudados sigue siendo un punto pendiente para garantizar que la medida cumpla su propósito original.
Conclusión
El debate sobre el impuesto a los refrescos representa un punto de inflexión entre la salud y la economía. Mientras la industria argumenta por la competitividad y el empleo, las organizaciones civiles insisten en que el bienestar social debe ser prioridad. La decisión que tome el Senado en las próximas semanas no solo marcará el rumbo fiscal del país, sino también su compromiso con la salud pública y la prevención de enfermedades que afectan a millones de mexicanos.
Referencias
Forbes México — “ONGs piden al Senado no retroceder en impuesto a refrescos y edulcorantes.”
El Financiero — “Organizaciones urgen mantener IEPS a bebidas azucaradas para reducir diabetes.”
BBC Mundo — “El impuesto al refresco en México y su impacto en la salud pública.”
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