Reasignaciones, montos y prioridades del gasto

El Congreso de la Unión aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 con una fuerte reconfiguración del gasto público que, según Morena, busca fortalecer las prioridades sociales y de infraestructura del gobierno federal.
El coordinador de la bancada oficialista, Ricardo Monreal, informó que se realizarán reasignaciones por entre 17 y 18 mil millones de pesos, principalmente mediante recortes a los órganos autónomos: el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el propio Congreso de la Unión.

De acuerdo con Monreal, la medida no afecta los programas del Poder Ejecutivo y permitirá canalizar más recursos a educación, cultura, campo e infraestructura carretera. “No se trata de castigar, sino de reordenar el gasto público”, afirmó al presentar el dictamen en el Senado. El ajuste fue respaldado por la mayoría de Morena y sus aliados, mientras que los grupos opositores —PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano— lo calificaron como un intento de “debilitar a los contrapesos democráticos”.

El presupuesto, que asciende a más de 9 billones de pesos, se aprobó tras una sesión maratónica en San Lázaro que se prolongó durante dos días. Durante el debate, la oposición denunció la eliminación de fondos destinados a la operación del Poder Judicial y al mantenimiento de programas de transparencia, mientras que el oficialismo defendió la redistribución como “un ejercicio de justicia presupuestaria en favor del pueblo”.

Un golpe a los contrapesos institucionales

Los recortes más significativos recaen sobre el Poder Judicial, al cual se le reducen alrededor de 7 mil millones de pesos, afectando principalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral. También se recorta al INE cerca de 4 mil millones, lo que podría repercutir en la organización de procesos locales y en la modernización de sus sistemas informáticos.

Críticos y expertos advierten que estos ajustes comprometen la independencia de los órganos autónomos al colocarlos en una situación de dependencia política y financiera.
La presidenta de la SCJN, Norma Piña, calificó el recorte como “una afectación directa a la impartición de justicia”, mientras que el consejero presidente del INE, Guadalupe Taddei, pidió que se respete la autonomía presupuestaria del instituto, advirtiendo que los recortes “ponen en riesgo las elecciones intermedias y los ejercicios de participación ciudadana de 2026”.

Para los legisladores opositores, la reasignación “confirma una estrategia de concentración del poder en el Ejecutivo” y busca debilitar las instituciones que sirven como contrapeso. La bancada del PAN acusó que “Morena utiliza el presupuesto como un instrumento político para someter a los organismos que no controla”.

El discurso oficial: redistribución y justicia social

El gobierno federal sostiene una versión completamente distinta. Según la Secretaría de Hacienda y la mayoría legislativa, el presupuesto 2026 “privilegia el desarrollo humano y regional”, impulsando inversiones en infraestructura carretera, educación básica, universidades públicas y programas de cultura y deporte.
El documento aprobado destina más de 220 mil millones de pesos adicionales a programas de bienestar social, incluyendo becas para jóvenes, pensiones para adultos mayores y proyectos de rehabilitación educativa.

Además, se incrementan los recursos destinados a obras de conectividad regional como caminos rurales, carreteras interestatales y proyectos ferroviarios en el sureste del país.
Morena defiende que “los recursos deben ir donde más se necesitan”, y que la redistribución del gasto permitirá cerrar brechas de desigualdad y reducir la concentración presupuestaria de instituciones que, según el oficialismo, “históricamente se han financiado con privilegios”.

Repercusiones políticas y jurídicas

El nuevo presupuesto ya enfrenta impugnaciones. Diversos partidos de oposición y organizaciones civiles han anunciado que presentarán controversias constitucionales ante la Suprema Corte para revertir los recortes, argumentando que violan la autonomía financiera de los órganos constitucionales.
Especialistas advierten que, si los ajustes se mantienen, podría haber efectos negativos en la operatividad del sistema electoral y judicial, incluyendo retrasos en juicios, suspensión de proyectos tecnológicos y menor fiscalización electoral.

A nivel político, el tema ha reforzado la división entre el oficialismo y la oposición. Para Morena, la redistribución es un acto de justicia social; para los partidos opositores, una ofensiva contra la independencia institucional.
En el ámbito internacional, observadores financieros han expresado preocupación por la señal que envía el gobierno mexicano respecto a la estabilidad de sus instituciones democráticas, aunque reconocen que el presupuesto mantiene prudencia en materia de deuda y equilibrio fiscal.

Conclusiones

El Presupuesto 2026 consolida la visión del actual gobierno sobre la centralidad del gasto social, pero también abre un nuevo capítulo en el debate sobre la autonomía de los poderes y la separación de funciones en el Estado mexicano.
Si bien Morena argumenta que la redistribución favorece al bienestar general, los organismos afectados y diversos expertos temen que los recortes socaven la capacidad operativa de instituciones esenciales para la democracia y el equilibrio de poderes.
Los próximos meses serán cruciales para evaluar los efectos reales del ajuste, tanto en la ejecución de obras públicas como en la independencia de los órganos autónomos, cuyo margen de acción podría quedar limitado ante un gobierno que busca concentrar mayor control sobre el presupuesto nacional.

Referencias

El País: “Sheinbaum pone un freno presupuestario al nuevo Poder Judicial y pide al Congreso un recorte millonario”
Animal Político: “Diputados de Morena perfilan recorte de 18 mil mdp al presupuesto de los órganos autónomos”
La Razón: “Recorte de hasta 18 mil mdp afectará al Poder Judicial, anuncia Monreal”
El Universal: “Presupuesto 2026: recortan recursos al INE y al Poder Judicial; se priorizan programas sociales”
Excélsior: “Morena defiende reasignaciones del Presupuesto 2026 como ‘acto de justicia social’”

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