El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha iniciado un procedimiento formal contra México al considerar que las desapariciones forzadas en el país ocurren de manera generalizada o sistemática. Esta acción se ampara en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que faculta al Comité para actuar cuando existen indicios bien fundados de que este delito se practica de manera recurrente en el territorio de un Estado parte.

En su reciente comunicado, el Comité sostiene que el fenómeno de las desapariciones en México no solo afecta a ciertos grupos o regiones, sino que se extiende por todo el país y en muchos casos involucra a autoridades del Estado, ya sea por acción u omisión. Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, hay más de 100 mil personas desaparecidas en México, una cifra que, aunque fluctúa con el paso del tiempo, mantiene una tendencia preocupante.

Ante estos señalamientos, el gobierno de Claudia Sheinbaum respondió con un rechazo contundente. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, el Ejecutivo federal negó que en México exista una política de Estado orientada a permitir o fomentar las desapariciones forzadas. Reiteraron su disposición a colaborar con los mecanismos internacionales de derechos humanos, pero subrayaron que el enfoque del Comité refleja una visión sesgada y que no reconoce los avances recientes en materia de justicia y búsqueda.

El gobierno mexicano también argumentó que las cifras reportadas deben leerse con cautela, ya que muchas desapariciones tienen causas multifactoriales, incluyendo conflictos familiares, desplazamientos voluntarios o problemas vinculados con el crimen organizado, y no siempre implican participación directa del Estado. Aseguró que ha destinado recursos para el fortalecimiento de las fiscalías especializadas, la Comisión Nacional de Búsqueda y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

Pese a las declaraciones oficiales, colectivos de familiares de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos respaldaron el pronunciamiento del Comité de la ONU. Consideran que en México persisten obstáculos estructurales para acceder a la justicia, y que la impunidad en casos de desaparición continúa siendo la norma. Algunos grupos denunciaron que las cifras oficiales no siempre reflejan la magnitud real del problema, debido a una sistemática subestimación y a la falta de actualizaciones en los registros.

El caso ha generado un nuevo punto de tensión entre el gobierno federal y la comunidad internacional. Mientras el Estado mexicano busca demostrar que trabaja activamente en el tema, los organismos multilaterales exigen resultados concretos y una estrategia más amplia y efectiva. En los próximos meses, México deberá presentar evidencia y responder formalmente al Comité como parte del proceso en curso.

El resultado de esta revisión será clave para definir el posicionamiento internacional de México en materia de derechos humanos y el cumplimiento de sus compromisos adquiridos mediante tratados internacionales.

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