El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, revelando un incremento en la percepción de inseguridad entre la población mexicana. De acuerdo con el informe, un 63% de los habitantes considera inseguro vivir en su ciudad, cifra que representa un aumento respecto al 61% registrado en marzo de este mismo año. Este incremento refleja el ambiente de temor e incertidumbre que predomina en diversas regiones del país.

Las ciudades que reportan los niveles más altos de percepción de inseguridad son Culiacán y Ecatepec, ambas con un 90%. Uruapan se sitúa con un 89%, mientras que Tapachula y Ciudad Obregón registran un 88%. Estas cifras dan cuenta de un fenómeno extendido y persistente que afecta tanto a centros urbanos como a comunidades más pequeñas, donde los delitos de alto impacto, robos y extorsiones siguen marcando la vida diaria de los ciudadanos.

El informe también reveló que tres de cada diez hogares mexicanos han reportado que al menos uno de sus integrantes fue víctima de algún delito como robo, asalto, extorsión o fraude durante el primer semestre del año. Este dato no solo evidencia la exposición directa a actos delictivos, sino también la insuficiencia de las políticas actuales para revertir esta tendencia.

Expertos en seguridad señalan que estos números reflejan la compleja realidad de un país donde, a pesar de los esfuerzos oficiales por reducir la violencia, la percepción social se mantiene negativa. La falta de presencia policiaca en zonas críticas, los problemas de coordinación entre autoridades locales y federales, así como la limitada efectividad de las estrategias de prevención, contribuyen al incremento de esta percepción.

En el ámbito político, diversos actores han llamado al gobierno federal a redoblar esfuerzos para mejorar los índices de seguridad. Legisladores de distintas corrientes coinciden en que la percepción de inseguridad no solo afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sino también la inversión, el turismo y el desarrollo económico de las regiones.

Las organizaciones civiles, por su parte, han solicitado mayor transparencia en la información relativa a los avances en materia de seguridad y un compromiso firme de las autoridades para atender las causas de la violencia, como la pobreza, la falta de oportunidades laborales y la corrupción institucional.

El crecimiento de la percepción de inseguridad plantea un reto significativo para las autoridades, quienes deberán intensificar las estrategias de prevención, reforzar la coordinación entre fuerzas de seguridad y generar confianza ciudadana mediante resultados tangibles. Mientras tanto, la ciudadanía continúa demandando un entorno donde pueda desarrollarse sin temor constante a la delincuencia.

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