Radiografía general 2024

México registró en 2024 una tasa de pobreza multidimensional de 29.6%, equivalente a 38.5 millones de personas. Es una caída notable frente al 36.3% de 2022, cuando había 46.8 millones en esa condición. La pobreza extrema también descendió, de 7.1% a 5.3% (de 9.1 a 7.0 millones). Estos datos provienen de la primera medición oficial de pobreza multidimensional elaborada por INEGI tras la reforma que le transfirió las funciones técnicas de medición.

Al mismo tiempo, la población con al menos una carencia social —rezago educativo, salud, seguridad social, vivienda (calidad y servicios) o alimentación— fue de 80.4 millones de personas en 2024. Aunque varias carencias bajaron en proporción, el bloque de “vulnerables por carencias sociales” aumentó de 29.4% a 32.2%, es decir, de 37.9 a 41.9 millones de personas.

¿Qué cambió entre 2022 y 2024?

• Menos pobreza por ingresos y carencias: La reducción de 6.7 puntos en la tasa de pobreza multidimensional implica 8.3 millones de personas menos en pobreza respecto a 2022.
• Mejora en extremos: La pobreza extrema retrocedió 1.8 millones.
• Más no pobres/no vulnerables: El grupo “no pobre y no vulnerable” creció de 27.1% a 32.5%, señal de avances en ingreso y/o derechos sociales.
• Aun así, más vulnerables por carencias: Aumentó la población que, aunque no es pobre, sigue presentando carencias (32.2%), lo que revela brechas persistentes en derechos.

La carencia más frecuente: seguridad social

La carencia por acceso a la seguridad social sigue siendo la de mayor incidencia. En 2024 afectó a 48.2% de la población (aprox. 62.7 millones), apenas por debajo del 50.2% de 2022. Este indicador refleja la alta informalidad laboral y la baja cobertura contributiva. Aunque el avance es real, casi la mitad del país permanece sin cobertura efectiva de seguridad social (pensiones, incapacidad, riesgos de trabajo, guarderías, etc.).

Salud, alimentación y vivienda: avances, pero con retos

• Salud: La carencia por acceso a servicios de salud bajó de 39.1% a 34.2% (44.5 millones). Pese a la mejora, el nivel sigue siendo alto y concentra riesgos ante choques sanitarios.
• Alimentación: La carencia por acceso a alimentación nutritiva y de calidad pasó de 18.2% a 14.4% (18.8 millones), una reducción importante que sugiere alivios en precios/ingresos y en apoyos focalizados.
• Vivienda (calidad/espacios y servicios): Continúa la tendencia descendente de carencias por calidad y espacios (7.9%) y servicios básicos (14.1%). Aun con mejoras, se observan brechas rurales-urbanas y entre entidades.

Mapa territorial: contrastes profundos

Las tasas estatales de pobreza multidimensional exhiben brechas estructurales. Chiapas (66.0%), Guerrero (58.1%) y Oaxaca (51.6%) se mantienen con los niveles más altos; en el extremo opuesto, Baja California (9.9%), Baja California Sur (10.2%) y Nuevo León (10.6%) muestran los más bajos. Estas diferencias responden a la composición sectorial del empleo, la cobertura de servicios, la productividad regional y la integración a cadenas formales.

Factores que explican la caída de la pobreza

• Mejoras en el ingreso laboral: La ENIGH 2024 captura incrementos reales en ingresos, alineados con alzas del salario mínimo y recuperación del empleo formal/mixto pospandemia.
• Transferencias públicas: Programas sociales (pensiones no contributivas, becas, apoyos rurales) ayudaron a reducir brechas de ingreso y a amortiguar choques de precios, especialmente en alimentación.
• Inflación a la baja: El descenso desde los picos de 2022–2023 alivió la presión sobre la canasta alimentaria y no alimentaria, favoreciendo el poder de compra en 2024.

Señales de alerta

• Carencias persistentes: Aun con menos pobreza, 61.7% de la población tiene al menos una carencia; la masiva carencia en seguridad social limita movilidad social de largo plazo.
• Vulnerabilidad por carencias al alza: El aumento a 32.2% indica que una parte relevante de la población no está en pobreza, pero no ejerce plenamente derechos; ante choques (salud, empleo), podría recaer.
• Brechas territoriales: Estados con rezagos históricos requieren estrategias diferenciadas (infraestructura social, formalización, productividad agrícola, conectividad).

Implicaciones de política pública 2025–2030

1. Cobertura de seguridad social: Acelerar la formalización (simplificación fiscal, inspección inteligente, incentivos a cotización) y expandir mecanismos no contributivos para trabajadores independientes.
2. Salud universal efectiva: Garantizar acceso oportuno y calidad, interoperabilidad de padrones, surtimiento de insumos y fortalecimiento del primer nivel, con evaluación independiente.
3. Productividad regional: Programas de desarrollo regional con cadenas de valor formales, infraestructura logística y capacitación.
4. Focalización y transparencia: Padrones únicos auditables y evaluaciones rigurosas para maximizar el impacto de transferencias y evitar filtraciones.
5. Política de ingresos: Mantener una trayectoria responsable de salarios mínimos y reforzar políticas de empleo femenino y juvenil para elevar ingreso laboral permanente.
6. Blindaje ante choques: Sistemas de protección social y seguros (salud, desempleo parcial) que prevengan regresiones a pobreza.

Metodología y cambio institucional

En 2025 se formalizó la transferencia de funciones de medición de pobreza multidimensional a INEGI tras la reforma constitucional (DOF 20/12/2024) y su reglamentación en julio de 2025. INEGI reporta haber preservado la metodología de medición utilizada previamente (lineamientos y criterios de Coneval) y la comparabilidad 2016–2024. La medición combina bienestar económico (líneas de pobreza por ingreso, rural/urbano) y derechos sociales (seis carencias), además de un contexto territorial informativo.

Qué mirar hacia adelante

• Seguimiento anual/bienal: Priorizar la consistencia metodológica y la replicabilidad abierta de bases y códigos.
• Indicadores complementarios: Profundizar en calidad de servicios (salud, cuidado, educación) y en productividad laboral por territorio.
• Puentes con el mercado laboral: Medir impactos de políticas de formalización y del nearshoring en salarios, prestaciones y movilidad.

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