Denuncia de “farsa” electoral
El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, emitió un fuerte pronunciamiento al calificar la elección judicial del 1 de junio como una “gran farsa” y un “cochinero”, acusando al gobierno y al partido en el poder de manipular el proceso a su conveniencia mediante la entrega de “acordeones” para inducir el voto, y criticando la baja participación ciudadana como un grave debilitamiento del Estado de derecho.
Recursos legales y fundamento
El 16 de junio, el PRI presentó formalmente ante el Instituto Nacional Electoral (INE) un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) solicitando la nulidad de la elección, argumentando graves violaciones al principio de imparcialidad, con evidencia de acarreo electoral, uso de materiales influyentes y niveles inéditos de votos nulos, que llegaron al 22 % del total.
Indicación para diálogo sobre reforma judicial
Moreno adelantó que de lograr la anulación, el PRI estaría dispuesto a reactivar un diálogo con otros partidos y especialistas para reformar el modelo de elección judicial, enfatizando la necesidad de garantizar independencia judicial, experiencia probada y condiciones de transparencia y equidad en la selección de jueces.
Ampliación internacional: CIDH y OEA en la mira
Además de recurrir al INE y posteriormente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el PRI advirtió que podría elevar sus quejas ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalando que las irregularidades denunciadas atentan contra los derechos políticamente garantizados y no sólo afectan al ámbito doméstico.
Apoyo político y mensaje opositor
La impugnación contó con respaldo del diputado Rubén Moreira y otros legisladores priistas, quienes alertaron que el resultado de esta elección podría marcar el inicio de una deriva autoritaria en el país, advirtiendo que México “va a la dictadura” si este tipo de procesos se consolidan sin corrección.
Escenario jurídico y plazos
De acuerdo con los calendarios legales, el INE debe resolver la impugnación antes del 28 de agosto, para permitir una eventual revisión por parte del TEPJF. En paralelo, continúa el proceso de selección de autoridades judiciales, y una eventual anulaci ón tendría impacto inmediato en los nombramientos ya emitidos.
Conclusión
El PRI ha emprendido una estrategia legal amplia para revertir lo que considera una elección judicial fraudulenta: ha presentado recursos ante el INE, anuncia que podría acudir al TEPJF y organismos internacionales, y lanza señales de una futura reforma al proceso de elección de jueces. El caso avanza con firmeza política y jurídica y mantiene un foco estrecho sobre los próximos meses, donde se definirá si será anulada o validada la elección judicial.
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