El proceso de insaculación para seleccionar a los candidatos del Poder Judicial ha estado marcado por diversas irregularidades y tensiones entre los poderes del Estado. La reciente reforma judicial en México, que establece la elección popular de jueces, magistrados y ministros, ha generado controversias en su implementación.

El Comité de Evaluación del Poder Judicial suspendió sus actividades tras una orden judicial, lo que llevó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a delegar al Senado la responsabilidad de seleccionar a los aspirantes mediante un sorteo. Esta decisión provocó la renuncia de los cinco miembros del Comité de Evaluación, quienes argumentaron que les era “legalmente imposible” continuar con su tarea.

Durante el proceso de insaculación en el Senado, se reportaron inconsistencias en los listados de candidatos y se decretaron recesos para corregir errores. En una de las sesiones, se detectó que faltaba incluir a uno de los participantes, lo que obligó a repetir la tómbola en esa sección.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció una serie de irregularidades cometidas por el Comité de Evaluación del Poder Judicial al escoger a candidatos para las elecciones, señalando que “cepillaron a todos, dejaron fuera a perfiles con amplia trayectoria judicial y académica”.

Estas anomalías han generado preocupación sobre la legitimidad y transparencia del proceso electoral en el Poder Judicial, que culminará con la elección popular de cerca de 900 cargos judiciales el próximo 1 de junio. La comunidad jurídica y diversos sectores de la sociedad han expresado su inquietud ante la posibilidad de que estas irregularidades afecten la independencia y eficacia del sistema judicial mexicano.

Las noticias que importan, contadas con claridad. A las 10 am, Ale Díaz de la Vega te espera en El Daily Diario para analizar los temas clave de México. Haz clic aquí y mantente informado.