Rocha reaparece ante la Fiscalía

Rubén Rocha Moya acudió a declarar ante la Fiscalía General de la República en Sinaloa, después de ser señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. La comparecencia ocurrió junto con otros funcionarios y exfuncionarios mencionados en el expediente estadounidense, entre ellos el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra.

El caso marca un punto delicado para el gobierno mexicano: la FGR no actuó por una investigación propia de origen público, sino después de que Washington presentó acusaciones contra Rocha y otros políticos sinaloenses por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.

Entrevistas, no imputaciones

Claudia Sheinbaum ha insistido en que las comparecencias no equivalen a imputaciones formales en México. Según la versión oficial, los señalados fueron llamados como parte de entrevistas ministeriales para integrar información y revisar los señalamientos provenientes de Estados Unidos.

Ese matiz jurídico es importante, pero también abre la crítica política: mientras las acusaciones estadounidenses hablan de conspiración, narcóticos y protección a grupos criminales, en México el trato institucional sigue siendo mucho más cauteloso.

Los funcionarios señalados

Además de Rocha, el expediente involucra a Enrique Inzunza, senador de Morena y exsecretario general de Gobierno en Sinaloa; Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán; Dámaso Castro, vicefiscal; y exfuncionarios como Gerardo Mérida y Enrique Díaz, quienes ya se entregaron a autoridades estadounidenses.

El caso no se limita a una figura política aislada. La acusación estadounidense sostiene que habría existido una red de funcionarios que protegió operaciones criminales a cambio de apoyo político y sobornos.

La acusación de Estados Unidos

De acuerdo con los reportes, Washington acusa a Rocha y a otros funcionarios de colaborar con Los Chapitos en una presunta operación que habría combinado apoyo electoral, protección institucional y facilidades para operaciones del Cártel de Sinaloa.

Rocha ha negado vínculos con el crimen organizado. Hasta ahora, en México no existe una imputación formal pública en su contra, pero el caso ya provocó congelamiento preventivo de cuentas, fichas rojas de Interpol y presión diplomática.

La Fiscalía de los VIP

La comparecencia alimentó la percepción de una Fiscalía con dos velocidades. Cuando se trata de opositores, la FGR suele mostrar citatorios, audiencias y lenguaje más duro; cuando el caso involucra a figuras cercanas a Morena, el lenguaje oficial se suaviza: entrevistas, colaboración, revisión y espera de pruebas.

El problema no es que Rocha declare con derechos. Toda persona debe hacerlo. El problema es la diferencia entre la gravedad de las acusaciones externas y la cautela extrema con la que México ha movido el expediente.

Una comparecencia que llegó tarde

El caso ya había escalado en Estados Unidos antes de que México mostrara señales visibles de actuación. Para la oposición, eso confirma que la FGR solo se movió por presión externa. Para el gobierno, se trata de una investigación que debe sostenerse con pruebas y no con acusaciones políticas desde Washington.

Mientras tanto, la imagen pública es difícil de borrar: un gobernador con licencia, señalado por Estados Unidos, acude a declarar en México no como imputado, sino como entrevistado. Y eso vuelve a poner sobre la mesa la pregunta de si la justicia mexicana mide igual a todos.

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