Manifestaciones en Sinaloa por la inseguridad
En enero de 2025, el estado de Sinaloa fue testigo de una serie de manifestaciones masivas en respuesta al asesinato de los hermanos Gael y Alexander Sarmiento Ruiz, de 12 y 9 años respectivamente, y su padre, Antonio Sarmiento. El trágico incidente ocurrió durante un intento de robo de vehículo en Culiacán, la capital del estado. Este evento detonó una ola de indignación pública, llevando a miles de ciudadanos a salir a las calles para exigir justicia y seguridad.
Las protestas, que incluyeron a madres, niños en uniformes escolares y diversos sectores de la sociedad, se centraron en demandas de mayor seguridad y la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya. Los manifestantes coreaban consignas como “¡Fuera Rocha!” y “¡Con los niños, no!”, reflejando su descontento con la gestión estatal ante la creciente violencia. Algunos participantes incluso irrumpieron en las oficinas del gobernador, causando destrozos y enfatizando la urgencia de sus demandas.
Respuesta del gobernador
Ante las crecientes críticas y demandas de renuncia, el gobernador Rocha Moya respondió desestimando las protestas y afirmando que no representan a la mayoría de la población. En declaraciones públicas, señaló: “Si yo viera que hay una manifestación, que no caben aquí, que están por las orillas y a un solo grito, sería insensible si no tomara una medida al respecto”. También calificó las manifestaciones como “un fenómeno local” y aseguró que no tiene intención de renunciar.
El gobernador defendió las acciones de su administración, afirmando que se están tomando medidas para combatir la inseguridad, aunque reconoció que es un problema complejo que requiere tiempo para resolverse. Sin embargo, su postura ha sido percibida como insensible por parte de los manifestantes y analistas políticos, quienes señalan que minimizar el descontento público podría agravar la crisis de gobernabilidad en el estado.
Implicaciones para la seguridad y política estatal
El asesinato de la familia Sarmiento y las protestas subsecuentes han puesto de manifiesto las deficiencias en la estrategia de seguridad en Sinaloa, un estado históricamente marcado por la influencia del narcotráfico y la violencia. A pesar de los esfuerzos del gobierno estatal por reforzar la presencia de fuerzas de seguridad en las zonas más afectadas, los índices de violencia han aumentado significativamente en los últimos meses.
Además, el incidente ha tenido repercusiones políticas más amplias, generando presión sobre el gobierno federal y la administración de Claudia Sheinbaum, quien ha expresado su apoyo a Rocha Moya pero también ha señalado la necesidad de coordinar esfuerzos para enfrentar la inseguridad. La falta de una respuesta efectiva podría impactar la percepción pública de Morena, el partido en el poder, en las próximas elecciones.
Conclusión
Las protestas en Sinaloa representan un llamado de atención tanto para el gobierno estatal como para el federal sobre la urgente necesidad de abordar la inseguridad y garantizar la justicia para las víctimas. La postura del gobernador Rocha Moya, al minimizar las manifestaciones, podría tener consecuencias políticas y sociales significativas si no se toman medidas concretas para responder a las demandas de la población.
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