Contexto de la reforma electoral
En octubre de 2024, el Congreso de la Unión aprobó una reforma al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), la cual transfirió al presidente del INE la facultad de designar directamente a los directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas, una responsabilidad que anteriormente correspondía al Consejo General del INE. Esta modificación generó un intenso debate sobre la concentración de poder y la autonomía del organismo electoral.
Impugnación y controversia constitucional
Ante esta situación, seis de los once consejeros del INE promovieron una controversia constitucional ante la SCJN, argumentando que la reforma vulneraba la autonomía y el carácter colegiado del instituto. Sostuvieron que concentrar dichas facultades en la figura de la presidencia podría llevar a una falta de balance y pluralidad en la toma de decisiones, principios fundamentales en un sistema democrático.
Decisión de la Suprema Corte
El 4 de febrero de 2025, la SCJN, en una votación de seis votos a favor y tres en contra, determinó que la reforma atenta contra la autonomía del INE y genera inseguridad jurídica. Sin embargo, para invalidar la reforma se requerían al menos ocho votos en contra, por lo que la modificación se mantiene vigente. Las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz votaron en contra de la anulación, mientras que la ministra Margarita Ríos Farjat no asistió a la sesión.
Reacciones y análisis
La decisión de la SCJN ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social. Algunos analistas consideran que la concentración de atribuciones en la figura de la presidencia del INE podría comprometer la autonomía y la pluralidad en la toma de decisiones del organismo. Por otro lado, defensores de la reforma argumentan que esta medida busca agilizar y eficientar la operatividad del INE, otorgando mayor capacidad de decisión a su presidencia.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha señalado que la reforma permitirá una gestión más eficiente y oportuna en la organización de procesos electorales, asegurando que se mantendrán los principios de independencia y autonomía que rigen al instituto.
Implicaciones futuras
La validación de esta reforma por parte de la SCJN sienta un precedente significativo en la estructura y funcionamiento del INE. Será fundamental observar cómo se implementan estas nuevas facultades y evaluar su impacto en la autonomía y eficacia del organismo en futuros procesos electorales.
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