Anuncio presidencial y cronograma
Durante la mañanera del martes 14 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) presentará oficialmente en noviembre la iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Señaló que ya existe un consenso entre trabajadores, sindicatos y empresarios para impulsar el cambio.
Sheinbaum enfatizó que la propuesta será gradual y no implicará una disminución salarial para los trabajadores: “Nuestra idea es que avance 40 horas, pero que siga aumentando el salario; que no sea una por la otra”, declaró.
Antecedentes y fases previstas
La idea de reformar la jornada laboral en México no es nueva: desde abril de 2023 ya se ha discutido la posibilidad de pasar de 48 a 40 horas semanales. La propuesta planea una transición escalonada, de modo que año con año se reduzcan dos horas, hasta llegar a las 40 horas en 2030.
Según el plan proyectado, la evolución podría ser como sigue:
- 2026: 46 horas semanales
- 2027: 44 horas
- 2028: 42 horas
- 2029: 41 horas
- 2030: 40 horas
Esta gradualidad busca permitir la adaptación de empresas y trabajadores, evitando impactos bruscos en la productividad o en la economía.
Mecanismo tripartito: diálogo entre partes
Sheinbaum insistió en que la iniciativa no se diseñará unilateralmente: será resultado de mesas de trabajo con sindicatos y organismos empresariales.
El titular de la STPS, Marath Bolaños López, encabezará la propuesta técnica y jurídica que se presentará ante el Congreso. La mandataria subrayó que el objetivo es no condicionar la reducción de horas a la falta de incremento salarial, sino que ambas variables avancen en conjunto.
Beneficios esperados y retos previstos
Beneficios esperados
- Mayor equilibrio entre vida personal y laboral para los trabajadores.
- Reducción del desgaste físico y mental asociado con jornadas prolongadas.
- Potencial aumento de la eficiencia al trabajar más concentrado en menos horas.
- Incentivo para que los empleadores modernicen sus procesos y adopten innovación tecnológica.
Retos e incertidumbres
- La capacidad de adaptación de micro, pequeñas y medianas empresas, con márgenes ajustados, podría verse afectada.
- Sectores con jornadas intensas o horarios atípicos pueden requerir reglas específicas o excepciones.
- La implementación gradual conlleva vigilancia para evitar que la reducción de horas se traduzca en recortes de salario u otros derechos.
- El Congreso aún no ha garantizado plazos ni una ruta clara para aprobar la reforma, lo que podría prolongar su trámite.
Posicionamientos de actores clave
Sindicatos y sectores laborales
Organizaciones obreras han expresado su respaldo, con la condición de que la reducción se acompañe de salvaguardas para preservar salarios, prestaciones y estabilidad en el empleo. Algunos colectivos han pedido que el ritmo de disminución sea más rápido, dado el rezago en derechos laborales.
Empresariado y cámaras industriales
Si bien algunas empresas han aceptado la necesidad de modernizar los horarios laborales, otras advierten que el contexto económico y los costos operativos podrían limitar su capacidad para adaptarse. Solicitan mecanismos fiscales, incentivos o periodos de transición para amortiguar el cambio.
Analistas y expertos
Expertos laborales apuntan que la eficacia de la medida dependerá no solo del cambio legal, sino de cómo se acompañe con capacitación, inversión en tecnología y ajuste organizacional para que las empresas no pierdan competitividad. Además, enfatizan que el proceso debe ser monitoreado para evitar abusos o interpretaciones regresivas.
Impacto político y escenarios futuros
El anuncio representa un paso importante en la agenda laboral del gobierno de Sheinbaum y muestra voluntad política para retomar un tema central del debate social. No obstante, quedará en manos del poder legislativo concretar la reforma.
Si la iniciativa es aprobada sin modificaciones sustanciales, la aplicación podría comenzar en etapas desde 2026. Pero si se realizan ajustes en comisiones o se plantean reservas, la aprobación puede retrasarse hasta 2027 o más.
El éxito dependerá de la coordinación entre la STPS, los congresos estatal y federal, los sindicatos y el sector privado.
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