Qué propone la reforma

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, que implica modificaciones sustantivas a los artículos reglamentarios de los artículos constitucionales 103 y 107, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Los puntos centrales de la reforma incluyen:

• Limitar las suspensiones que los jueces pueden conceder cuando el acto reclamado involucra bloqueo de cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), particularmente en casos de presunto lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
• Definir explícitamente el concepto de interés legítimo, basado en criterios ya establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para evitar que el amparo se utilice de forma genérica o abstracta contra normas no concretas.
• Establecer causas de improcedencia para suspensiones, por ejemplo cuando los permisos o concesiones han sido revocados o nunca existieron, o cuando la suspensión pudiera obstaculizar facultades del Estado relacionadas con la deuda pública o con obligaciones fiscales.

Medidas procesales para agilizar los juicios

La reforma también incluye cambios en la tramitación del amparo para reducir dilaciones y mejorar tiempos:

• Plazo de 5 días para notificar la admisión de recursos de revisión o amparos directos.
• Plazo máximo de 60 días para dictar sentencia en juicios de amparo fuera de audiencia constitucional.
• Mayor exigencia de que los expedientes estén integrados antes de las audiencias y limitaciones para ampliar plazos para presentar pruebas, salvo cuando haya causas justificadas.
• Restricción de recusaciones improcedentes para evitar dilaciones intencionales.

Aspectos innovadores: lo digital y lo procesal

Entre las novedades que incorpora la reforma:

• Establecer explícitamente el juicio de amparo digital, permitiendo promociones y notificaciones electrónicas.
• Plazo para que las autoridades adapten sus sistemas al nuevo modelo digital: 360 días para que el órgano administrativo judicial realice las adecuaciones, y 180 días adicionales para que las demás autoridades habiliten perfiles digitales.
• Reconocimiento de la posibilidad de que una autoridad alegue imposibilidad material o jurídica para cumplir con una sentencia, siempre y cuando lo autorice un juez; en esos casos, las sanciones podrían omitirse.

Defensa política de AMLO y el respaldo institucional

Sheinbaum ha defendido al expresidente López Obrador y a sus hijos en este contexto, al afirmar que la reforma busca evitar abusos de autoridad y suspensiones judiciales que perjudiquen al interés público. Ha sostenido que el amparo es un derecho, pero que debe combinarse con responsabilidad judicial.

El Ejecutivo argumenta que la reforma es necesaria debido a que existen miles de demandas de amparo promovidas contra bloqueos de cuentas por la UIF, de las cuales muchas suspensiones han derivado en desbloqueos de recursos mientras siguen los procesos judiciales de fondo, lo que, según el gobierno, ha permitido que presuntos ilícitos continúen cuando la autoridad requiere ejercer sus facultades. También se sostiene que hay casos de litigio constante que duran años sin una resolución definitiva, lo que erosiona la confianza en el sistema judicial.

Críticas y riesgos señalados

Aunque algunos especialistas reconocen que la justicia necesita ser más expedita, varios abogados y organizaciones de derechos humanos han advertido sobre posibles riesgos:

• Restricciones al interés legítimo podrían limitar el acceso al amparo de personas afectadas colectivamente (como comunidades indígenas o grupos ambientales) cuando no existan daños concretos inmediatos.
• La digitalización puede dejar fuera a quienes no tienen acceso a internet confiable o plataformas digitales adecuadas, ampliando desigualdades.
• Los plazos fijados podrían ser incumplidos si no se garantiza capacidad institucional: número de jueces, infraestructura digital, presupuesto suficiente.
• La figura de imposibilidad material o jurídica para cumplir sentencias podría ser invocada frecuentemente por autoridades para evadir responsabilidades, lo que podría debilitar el cumplimiento de fallos judiciales.
• Se critica que, aunque se plantea la reforma como parte de la defensa de derechos, algunos de sus componentes favorecen al poder público y podrían inclinar la balanza del amparo hacia las autoridades más que hacia los ciudadanos.

Implicaciones potenciales

• Si se aprueba, esta reforma podría reducir el número de amparos concedidos con suspensión, especialmente los que tienen efectos generales o que bloquean medidas estatales importantes.
• Permitirá que muchas demandas de bloqueo financiero sigan su curso sin interrupciones, lo que podría beneficiar al Estado en materia de recaudación, fiscalización y combate al lavado de dinero.
• Podría generar litigios nuevos sobre la constitucionalidad de las reformas, especialmente si se perciben como violatorias del principio pro persona o del derecho constitucional al acceso a la justicia.
• El debate sobre esta reforma puede influir en las elecciones futuras, la percepción ciudadana del Gobierno y la confianza en la viabilidad del sistema judicial.

Estado del trámite legislativo

• Sheinbaum presentó la iniciativa el 15 de septiembre de 2025 al Senado.
• Se ha anunciado que se llevará a cabo un Parlamento Abierto para discutir los cambios, sin usar el mecanismo de “fast track”.
• Partidos oposición (PAN, PRI, MC) ya han expresado preocupación de que las reformas restrinjan derechos fundamentales y debiliten el amparo.
• Se prevé que los debates se prolonguen, dado que los temas tocan jurisprudencia, derechos humanos y principios constitucionales ya firmemente asentados.

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