Gobierno no ve delito que perseguir
Claudia Sheinbaum descartó que, por ahora, exista un delito que perseguir en los audios atribuidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, donde se habla de posibles contactos con supuestos intermediarios de autoridades estadounidenses. La presidenta dijo que la gobernadora ya dio su explicación y que no está claro con quién hablaba realmente.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, también señaló que no se sabe con exactitud quién era el interlocutor de Marina del Pilar en la llamada filtrada. Por eso, el gobierno federal evitó confirmar que se tratara de una conversación formal con agencias estadounidenses.
Audios apuntan a supuestos intermediarios
Los audios difundidos por el periodista Héctor de Mauleón exhiben conversaciones en las que Marina del Pilar habla sobre posibles contactos con supuestos representantes del gobierno de Estados Unidos, cooperación en materia de seguridad y preocupación por sanciones o acciones legales.
La gobernadora confirmó que sostuvo conversaciones con supuestos intermediarios, aunque defendió que esos contactos fueron legales e institucionales. Sin embargo, también admitió que sus interlocutores no comprobaron formalmente representar al gobierno estadounidense.
La contradicción incómoda
El punto más delicado es que el gobierno federal admite no saber con quién hablaba Marina del Pilar ni si esas personas representaban realmente a autoridades estadounidenses, pero aun así descarta delito en los audios. Esa postura abrió críticas de oposición y dudas sobre el manejo de información sensible.
El caso se volvió más complicado porque la gobernadora había negado negociaciones privadas con autoridades de Estados Unidos, mientras los audios apuntan a conversaciones relacionadas con seguridad, posibles sanciones y cooperación.
Sin investigación federal por ahora
Hasta este momento, el gobierno no ha anunciado una investigación federal contra Marina del Pilar por los audios. Sheinbaum ha insistido en que la mandataria estatal ya explicó su versión y que no hay elementos suficientes para hablar de un delito.
Aun así, el caso deja preguntas abiertas: qué información se compartió, quiénes eran los supuestos intermediarios, si hubo autorización federal y por qué una gobernadora fronteriza mantenía conversaciones de ese tipo sin claridad pública sobre sus interlocutores.
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