La presidenta Claudia Sheinbaum anunció medidas firmes contra el fenómeno conocido como “huachicol fiscal”, una práctica mediante la cual se introducen combustibles al país sin pagar los impuestos correspondientes, afectando gravemente a la recaudación y fomentando redes de corrupción. En un mensaje emitido desde Palacio Nacional, Sheinbaum expresó que su gobierno no permitirá que se sigan evadiendo obligaciones fiscales y advirtió que se investigará a fondo a las empresas y personas involucradas.

De acuerdo con autoridades federales, se han detectado irregularidades en operaciones de importación de combustibles, en las que se utilizan documentos falsificados, maniobras de contrabando y mecanismos de evasión que han generado pérdidas millonarias al erario público. Sheinbaum destacó que estas prácticas no solo afectan a la Hacienda pública, sino también a la competencia leal en el mercado de hidrocarburos, pues quienes cumplen con sus obligaciones fiscales se encuentran en desventaja frente a quienes operan fuera de la ley.

La mandataria señaló que ya se han iniciado investigaciones en coordinación con autoridades de Estados Unidos para rastrear redes de distribución ilícita que cruzan la frontera. Estas pesquisas buscan identificar no solo a los importadores directos, sino también a quienes participan en la logística, almacenamiento y venta de combustibles sin el debido pago de impuestos. La colaboración binacional, añadió, permitirá cerrar brechas legales y técnicas que los delincuentes aprovechan para operar impunemente.

En un esfuerzo por fortalecer la transparencia y la recuperación de recursos públicos, Sheinbaum también anunció la primera subasta en línea del año, que incluirá más de 218 inmuebles y 145,000 bienes muebles. Lo recaudado será destinado a hospitales y centros de salud en municipios que enfrentan carencias significativas. Según explicó la presidenta, esta medida busca asegurar que los recursos obtenidos de acciones legales y administrativas lleguen a sectores prioritarios de la población, cumpliendo con la política de justicia social de su administración.

Diversos analistas consideran que este tipo de acciones envía un mensaje claro a los contribuyentes y actores económicos sobre la importancia de cumplir con sus obligaciones fiscales. También subrayan la relevancia de fortalecer los mecanismos de fiscalización, así como de aplicar castigos ejemplares a quienes incurren en delitos de contrabando y defraudación. El combate al huachicol fiscal, indicaron, es clave para recuperar la confianza de los inversionistas y para garantizar que el sector energético opere con reglas claras y equitativas.

Este anuncio se produce en un contexto de creciente preocupación por el impacto del contrabando de combustibles en la economía nacional, un problema que lleva años afectando la recaudación y que ha sido señalado por organismos internacionales como un foco de corrupción y lavado de dinero. El gobierno de Sheinbaum busca mostrar resultados tangibles en esta materia, consciente de que la sociedad demanda acciones contundentes que permitan frenar estos ilícitos y garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.

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