Gobierno rechaza acusaciones de control a medios
Claudia Sheinbaum negó que la reforma en materia de telecomunicaciones y los nuevos lineamientos de derechos de audiencias busquen censurar a medios de comunicación. La presidenta sostuvo que el objetivo es proteger a las audiencias, garantizar derecho de réplica y ordenar obligaciones ya previstas en la ley, no controlar contenidos editoriales.
El debate se reactivó porque el anteproyecto de Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, abierto a consulta pública por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, contempla códigos de ética, defensorías de audiencias y mecanismos para atender quejas de radioescuchas y televidentes.
Códigos de ética y defensores de audiencias
La propuesta plantea que los concesionarios elaboren sus propios códigos de ética y designen defensores de audiencias, encargados de recibir inconformidades y responder a cuestionamientos del público. Para el gobierno, esas figuras servirían para fortalecer derechos de información, réplica, accesibilidad y protección frente a contenidos discriminatorios o engañosos.
El punto sensible es que esos códigos y defensorías operarían bajo lineamientos supervisados por el regulador estatal. Ahí nace la crítica: si el Estado define criterios sobre ética, contenidos o derechos de audiencia, podría abrir una puerta a presiones contra medios incómodos.
“No va a haber censura”
Sheinbaum insistió en que no habrá censura ni persecución contra medios. La presidenta ha defendido que México es un país de libertades y que la regulación debe distinguirse de cualquier intento de controlar opiniones, críticas o líneas editoriales.
Sin embargo, opositores y organizaciones han advertido que el problema no está sólo en la intención del gobierno actual, sino en el diseño institucional. Una norma amplia puede ser usada de forma discrecional por gobiernos futuros o por autoridades que busquen sancionar contenidos bajo conceptos ambiguos.
La línea delgada
El debate coloca dos derechos en tensión. Por un lado, las audiencias tienen derecho a recibir información clara, distinguir opinión de noticia y exigir réplica cuando corresponda. Por otro, los medios necesitan garantías para investigar, criticar y publicar sin temor a sanciones administrativas por incomodar al poder.
La reforma no dice abiertamente “censura”, pero sí coloca al Estado en una posición más activa frente a medios. Por eso, la consulta pública será clave para definir límites, sanciones y mecanismos de defensa.
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