“Centros de procesamiento ilegal”
Claudia Sheinbaum negó que existan “refinerías clandestinas” en México y afirmó que los predios asegurados deben llamarse centros de procesamiento ilegal o espacios de almacenamiento y mezcla de combustible. La declaración se dio después del hallazgo de instalaciones en Tamaulipas y Veracruz vinculadas con huachicol fiscal y procesamiento irregular de hidrocarburos.
La precisión presidencial buscó marcar distancia frente al término “refinería”, que implica una instalación industrial de gran escala. Sin embargo, los reportes periodísticos documentan que en Reynosa, Tamaulipas, autoridades aseguraron una instalación con casi cuatro millones de litros de hidrocarburos, tanques, pipas, motobombas y equipo para manejar combustibles.
Hallazgo cerca de Guardia Nacional
El caso de Reynosa elevó la presión porque la instalación operaba cerca de un cuartel de la Guardia Nacional. Fuentes citadas por El País señalaron que el predio habría funcionado durante aproximadamente cuatro años y se ubicaba a alrededor de un kilómetro de la base federal.
El hallazgo se suma a otros casos recientes. En Veracruz, una denuncia anónima movilizó al Ejército y a la Guardia Nacional ante la sospecha de otra instalación dedicada al procesamiento ilegal de hidrocarburos.
El eufemismo no borra el problema
La diferencia entre “refinería clandestina” y “centro de procesamiento ilegal” puede ser técnicamente relevante, pero políticamente no elimina el fondo: grupos criminales o redes de huachicol fiscal estarían operando instalaciones complejas para almacenar, mezclar o procesar combustible ilegal.
El huachicol fiscal ya no se limita al robo en ductos. También incluye contrabando, importaciones falsas, documentación irregular, clasificación engañosa de productos y redes empresariales que permiten introducir combustible sin pagar impuestos. En la aduana de Matamoros, por ejemplo, se investigó el ingreso de combustible declarado como cloruro de calcio.
Pregunta para autoridades
El caso deja preguntas incómodas: cómo operó una instalación de ese tamaño durante años, quién la protegía, qué autoridades fueron omisas y por qué fue detectada hasta ahora.
Sheinbaum rechaza el término “refinería clandestina”, pero el debate semántico no cambia la urgencia de investigar la red completa: empresas, transportistas, funcionarios, compradores y posibles cómplices dentro de instituciones de seguridad o aduanas.
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